miércoles, 29 de agosto de 2012

La tan mentada libertad de expresión no es más ni menos que la facultad que tenemos todos los seres humanos de comunicar nuestros pensamientos y opiniones de manera libre. Este derecho no admite matices, y si bien no se constituye como un derecho absoluto, el único límite posible es el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Con ocasión del anuncio hecho la semana pasada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde amenazan a las periodistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco con denunciarlas por injuria y calumnia, múltiples periodistas y columnistas dieron su apoyo a las citadas comunicadoras, pero en especial en defensa de la libertad de expresión como manifestación plena de la democracia. Y es que la libertad de expresión ampara y sustenta en sí misma la existencia de la democracia.

Sobra decir que pese a la Corte Suprema desistió de la demanda, esta era completamente ilegitima. Para un juez no es legítimo pronunciarse acerca de la opinión de ningún ciudadano, basta con que los hechos sobre los cuales recae la opinión sean verídicos para que a partir de allí cualquier ciudadano pueda opinar lo que le plazca y tenga derecho a comunicar esa opinión por el medio que prefiera.

En mi condición de simple abogado, me resulta imposible de creer que un jurista con las credenciales suficientes para ser magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no haya tenido claros los conceptos jurídicos universales.

Para el momento de la publicación de esta columna, ya la corte ha anunciado que desiste de presentar las denuncias, lo hacen porque como juristas tienen pleno conocimiento de las ínfimas posibilidades de éxito de las mismas, sin embargo, el objetivo fue enviar un mensaje, ese mensaje claro a los comunicadores, advirtiéndoles que deben tener mucho cuidado sobre la forma en que se refieren respecto de la corte y sus integrantes.

Ese mensaje proveniente del máximo ente del orden judicial significa a mi modo de ver, un precedente sobre la forma en como dicha corte interpreta la libertad de expresión, y otras garantías fundamentales del Estado de Derecho y la democracia y aprovecho para citar una de las frases de María Jimena Duzán y que fue objeto de la polémica “No se necesita de un prestidigitador para saber hacia donde nos dirigimos con esta nueva corte”. Frase que me sirve para ilustrar mi idea y que hago propia en señal de apoyo a las periodistas, en caso de que la corte también me quiera denunciar. Se les olvida a los Honorables Magistrados que la honra es un derecho de valor y eminentemente subjetivo, que se construye de acuerdo con las manifestaciones y actuaciones de un individuo, y le corresponde a la sociedad evaluar de manera subjetiva dicho actuar, por tanto no es posible actuar en defensa del buen nombre y la honra cuando los hechos verídicos los afectan negativamente.

Hay un hecho que siempre sirve de bálsamo en estos casos: se ha hecho costumbre cuando un periodista es denunciado o atacado por un funcionario público, que los efectos terminen siendo positivos para el periodista y negativos para el denunciante, en primer lugar porque se pone al periodista en el centro de la noticia imprimiéndole mayor notoriedad y difusión, y adicionalmente, queda en el ambiente la sensación de que el reportero  estaba haciendo tan bien su trabajo que logró tocar puntos sensibles e importantes, mientras que frente al denunciante el efecto usualmente es contrario a sus intereses de proteger su buen nombre.
 

Humberto Suárez

Profesor de derecho de la Comunicación, Politécnico