• Paulo Andrés Durán G.

jueves, 21 de enero de 2016

Según Beatriz Eugenia Avendaño, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias (Acopi) Valle, el cumplimiento de las normativas impuestas por el Gobierno no solo tienen asfixiadas a las Mipyme; sino que también, están haciendo que las empresas se empobrezcan, estanquen y cierren; debido a los altos costos de implementación.

“Como el primero de enero empezó a vencerse el plazo para el cambio de las empresas a las Niif, las firmas están desesperadas ajustando su software contable para poder cumplir con la normatividad y evitar multas por parte de la Dian; sin embargo, la transición genera altos costos por su implementación y saturación de carga de trabajo”, aseguró Avendaño.

Para la directiva, otra normatividad que vence este año y tiene en jaque a las empresas, es un tema ambiental, concretamente el de vertimiento de aguas. “El Gobierno le está exigiendo una caracterización de aguas a las empresas, a pesar de tener procesos secos; un procedimiento con costos muy altos, en el cual, están trabajando los empresarios y esperan no ser sancionados sino cumplen con la fecha límite”, declaró Avendaño Mazuera. Según un comunicado emitido por la entidad, “el problema que manifiestan muchos empresarios es que la norma se exige sin diferenciar de manera clara quién debe hacerlo y quién no, generalizando un tema que precisa de más información”.

Andrés Uribe, socio de la firma TCP Baas, manifestó que el Gobierno en aras de ejercer control sobre las empresas crea diferentes normativas que requieren esfuerzos, dinero y tiempo que de alguna forma entorpecen la labor empresarial.

“Sumado a las normativas, desde el punto de vista administrativo, las firmas requieren muchos gastos, como el ICA, ReteICA, Cree, Retecree, IVA, retención en la fuente, impuesto de renta, parafiscales, seguridad social, entre otros; pagos que desincentivan la empresa”, declaró Uribe. La aplicación del Plan Obligatorio de la Salud y Plan de Riesgos (decreto 1072 de 2015) constituye otra normativa que por sus altos costos de ejecución, pues requiere personal adicional para su desarrollo, afecta a las Mipyme. 

De acuerdo con Acopi Seccional Valle del Cauca, “la implementación debía ser asumida por las EPS y ARL en retribución hacia el sector empresarial por tomar sus servicios”.

Finalmente, las certificaciones de operatividad, funcionamiento y calidad, más las exigidas por Invima y demás entes, implican costos millonarios que afectan a las medianas y pequeñas empresas.

Coyuntura
La directora ejecutiva de Acopi Seccional Valle del Cauca, hizo énfasis en que comprende que el Gobierno Nacional pone normativas para el control y calidad de las empresas; en lo que no está de acuerdo junto con los empresarios que reúne la Asociación, es que todas las normativas vencen el mismo año. Esto anterior asfixia a las Mipyme y requiere que el gasto para la implementación de cada una sea excesivo. “El Gobierno debe tener en cuenta la situación económica del país”, concluyó.

Las opiniones

Iván Daniel Jaramillo
Investigador del observatorio laboral de la universidad del rosario
“En Colombia la carga tributaria es tan fuerte que hacer un esfuerzo de crear empresa es cada vez más complicado. Las utilidades son muy bajas porque más de 50% de la operación se va en impuestos”.

Andrés Uribe
Socio de tcp baas 
“El Gobierno debe facilitar el entorno empresarial, generar mecanismos de control más fáciles. De cumplir y prestar un apoyo real a las Mipyme con centros de asistencia que les ayuden a cumplir”