miércoles, 21 de octubre de 2015
Según la SIC este concepto es un instrumento de origen legal, que entre sus objetivos principales tiene el “fomento de la cultura de la libre competencia al interior del Estado”, así como “el control del ejercicio de la facultad de intervención del Gobierno en la economía”.
Con la Ley 1340 de 2009, la SIC es la entidad encargada de controlar los proyectos de regulación estatal, que tengan incidencia en la libre competencia de los mercados.
Por esta razón hay entidades públicas que están obligadas a remitir proyectos de regulación ante la Superintendencia, como por ejemplo los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias con o sin personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales y establecimientos públicos de orden nacional. Esto con el fin de conocer los actos administrativos relacionados con el tema de Abogacía de Competencia.
Los proyectos que se deben presentar ante la SIC son los que tienen como fin limitar el número o variedad de competidores en uno o varios mercados, también aquellos proyectos que impongan conductas a empresas o consumidores, y los que tiene como objetivo limitar la capacidad de las empresas para participar en un mercado.
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