• Esperanza Santamaria

miércoles, 21 de marzo de 2012

Una dura decisión profirió ayer la Superindustria contra de las constructoras Inca S.A.S y Arkgo Ltda, de las cuales es socio Julio Gómez, luego de que las compañías obstruyeran diligencias tendientes a realizar inspecciones sobre los computadores y correos electrónicos.

En diálogo con LR, el Superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, sostuvo que la entidad, dentro de las funciones que le competen vigilar el régimen de competencia, intentó adelantar diligencias de inspección concretamente sobre computadores y correos electrónicos de dichas compañías que finalmente se vieron frustradas luego de que se negara el acceso de los funcionarios a dicha información.

El hecho, de acuerdo con el superintendente, 'impidió que se recabara información relacionada con la contratación pública en Bogotá'.

Por este motivo, la entidad a través de la resolución 14372 del 15 de marzo decidió imponer una multa por $2.040.120 millones a Arkgo Ltda, luego de que Héctor Julio Gómez y Janeth Arévalo Ramírez, en su calidad de socio de la empresa, 'se negaron a impedir el acceso a dicha información relevante', según sostuvo José Miguel de la Calle. De acuerdo con el argumento, presentado el 29 de junio de 2011, la la SIC se excedía en el uso de sus competencias.

'Podemos concluir que la Superintendencia solo está facultada para solicitar información, datos y libros de comercio todos estos de carácter documental y no lo está para acceder de forma indiscriminada a los equipos de cómputo o a los medios informáticos o a la contabilidad de una sociedad sin que medie una orden previa para tal efecto', sostuvieron los socios de la compañía según reza el decreto.

Para el caso de Constructora Inca S.A.S, entre tanto, la SIC a través de la resolución 14371, impuso una multa por $906.720.000 millones, un 1,6% de la multa máxima aplicable, por considerar que la compañía 'obstruyó e incumplió de manera injustificada las órdenes e instrucciones impartidas con el fin de llevar a cabo la visita administrativa programada para el 2 de mayo de 2011' según lo expone la resolución.De acuerdo con el documento, en el caso de Constructora Inca, Paola Andrea Otero, presentó como argumento para absternerse a la revisión de los computadores, la aparente reserva de los documentos. Sin embargo, el superintendente aseguró que este asunto ya ha sido decantado por la jurisprudencia 'estableciendo una frontera entre lo que es intimo y reservado y lo que no lo es. Más o menos en palabras sencillas lo que se ha dicho cuando se trata de computadores y correos con uso empresarial es que no hay lugar a hacer valer derecho de intimidad o reserva que impida a la unidad investigativa, ejercer sus funciones', dijo de la Calle. Después de esta decisión de la SIC, sostiene el superintendente, las compañías podrían solicitar el recurso de reposición contra la decisión en la cual tienen un plazo de cinco días una vez sean notificados.

Así mismo, sostuvo que al ser una decisión administrativa del Estado, implica una obligación de pago por parte de la compañía que en caso de argumentarse la carencia de recursos para pagar esas sanciones se propondrán acuerdos de pago.

El plazo máximo de pago, una vez ejecutoriada o después de resolverse el recurso de reposición, las constructoras tendrán cinco días para realizar los pagos.

El Superintendente llamó la atención sobre el alto valor que tiene esta investigación para la Superintendencia ' donde se involucran distintos aspectos de alta importancia en relación con la contratación pública colombiana que involucra grandes cantidades de dinero de distintos contratos'

Finalmente, de la Calle sostuvo continuarán en su búsqueda de avanzar con las investigaciones, por lo que si bien se obstruyó la actuación administrativa, la investigación continuará y que no se descarta hasta el momento que la Superintendencia reintente en su esfuerzo por obtener información de parte de ellos en la medida en que la entidad lo requiera.

Antecedentes
El 2 de mayo de 2011, el Grupo de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó una visita administrativa a ambas compañías, en las cuales los funcionarios de la entidad solicitaron la inspección de los computadores, así como correos electrónicos, como parte de una investigación relacionada con la contratación pública en colombia. Sin embargo, en ambas diligencias empleados y socios de la compañía se opusieron al recaudo de la información.