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  • Esperanza Santamaria

miércoles, 18 de abril de 2012

El próximo 3 de mayo los empresarios y representantes legales de las compañías Amarilo S.A. y Cusezar S.A., deberán rendir versión ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esto dentro del proceso de investigación que esta entidad adelanta en contra de las firmas y otras cinco constructoras, por la conformación, sin previo aviso a la SIC, de una sociedad que tenía como propósito la creación de una revista sobre proyectos de vivienda.

El caso data del 2 de noviembre de 2010 cuando Editora Urbana Ltda presentó una queja ante la SIC para que se investigara a las compañías constructoras con el fin de determinar si infringían el régimen sobre protección de la competencia por la publicación, en conjunto, de la revista Dónde Estrenar Vivienda. En concreto, se trataba de las compañías Constructora Bolívar S.A., Cusezar S.A.,Amarilo S.A., Soluciones Inmobiliarias Ltda, Marval S.A.,Promotora Convivienda Ltda y Prodesa S.A.

De acuerdo con Editora Urbana Ltda, las siete compañías representaban un porcentaje muy importante de la demanda de pauta publicitaria de los proyectos anunciados en las revistas especializadas de Bogotá unido a su alta participación del mercado de la construcción en la ciudad.

Por esta razón, la SIC, teniendo en cuenta que la legislación establece que en las operaciones de fusión se deben informar ante esta entidad cuando desempeñen la misma actividad económica o tengan la misma cadena de valor, encontró que las constructoras crearon y pusieron en marca la sociedad Dónde adquirir vivienda S.A.S sin haberle informado a la entidad.

En primera medida, la SIC comprobó que la constitución de esta sociedad se dio el cinco de octubre de 2010 a través de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, por parte de las siete compañías constructoras y estableció que las empresas que constituían dicha asociación desarrollaban actividades propias del sector de la construcción de obras civiles en construcciones públicas y privadas.

Unido a esto, estableció que el objeto social de Dónde adquirir vivienda tenía como propósito 'la explotación económica de la industria editorial y su comercialización' en la creación de la revista Estrenar Vivienda.

Según el documento, dicha publicación tenía como objeto la publicidad y promoción de los proyectos de vivienda nueva ofrecidos por diferentes constructores en Bogotá y zonas aledañas, tales como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha, Funza, Mosquera, Cota, entre otras.

En ese sentido, la SIC advirtió que unido a que las empresas se dedicaban a la misma actividad económica, en el desarrollo de la misma promovían, comercializaban y desarrollaban proyectos inmobiliarios, por lo que la publicación Estrenar Vivienda le permitía a esas sociedades publicitar y vender sus productos.

Así mismo, la entidad pudo establecer que las constructoras tenían en conjunto, al 31 de diciembre de 2009, activos valorados en más de $1,2 billones e ingresos operacionales por el orden de $298.287 millones, una suma superior al umbral establecido por la ley, toda vez que la resolución 69901 del 2009 reglamenta que las compañías deberán informar a la SIC sobre una operación de integración, si esta de manera individual o conjunta supera los 150.000 smlv, es decir $77.250 millones en ingresos operacionales y activos.

Por todo lo anterior, el 18 de agosto del año pasado la SIC decidió abrir una investigación en contra de las empresas por no haber informado a tiempo la integración empresarial, así como a las personas naturales, como los representantes legales, por haber autorizado y ejecutado la conducta objeto de la investigación.

Según conoció LR, de ser encontradas responsables, las constructoras podrían ser sancionadas con penas máximas de hasta 150.000 smlv ($77.250 millones). LR intentó comunicarse con varios de los representantes legales de las compañías, pero al cierre de esta edición no habían contestado las llamadas, ni dado respuesta alguna sobre los hechos.

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