• Lina Orozco

miércoles, 21 de octubre de 2015

A través de un proyecto de ley de 24 artículos, radicado en agosto pasado en el Senado de la República, se planea, entre otros aspectos, otorgar multas más severas para aquellas compañías a las que se les compruebe que estén involucradas en cartelización empresarial, así como inhabilidad de hasta cinco años para celebrar contratos con el Estado. 

En la exposición de motivos de la reforma a las medidas, la SIC recuerda que “las conductas anticompetitivas (carteles) deterioran el crecimiento productivo, al disminuir la rivalidad empresarial que genera innovación. También, afectan el bolsillo de los consumidores, quienes deben pagar precios altos por los productos y servicios que adquieren”.

Este proyecto de ley fue concretado a partir de un estudio sobre el régimen de competencia colombiano realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), promotora de buenas prácticas y políticas públicas.

De ser aprobado, también se modificarían algunas de las funciones de la Superintendencia.

Para Liza Leonor Pinzón, directora del programa de Administración de Mercadeo y Logística de la Universidad de la Sabana, la política de libre competencia lo que trata de prestar es el bienestar general, a través de la regulación del comportamiento de las empresas y la estructura de la industria. 

En este sentido, Pinzón argumenta que, “con políticas más fortalecidas, habrá una mayor protección al consumidor y se facilitará mayormente el libre mercado, garantizando además que entren otros competidores y estos no sean barreras para el mismo emprendimiento en el país, que contribuye a vigorizar la dinámica”.

Paola Andrea Zuluaga, abogada especialista en Derecho Comercial, por su parte, resalta que, en los últimos, se han celebrado varios Tratados de Libre Comercio, en los que se han adquirido grandes compromisos en temas de competencia. “En lo referente, por ejemplo, al TLC con Estados Unidos, la intención es generar una protección impresionante referente a las empresas nacionales”, dice. 

“Lo que está buscando es tener mejores herramientas jurídicas para poder entrar a sancionar carteles. A mi parecer, las medidas desean generar mayor repercusión en el mundo internacional sobre las sanciones”, indica la especialista.

Zuluaga resalta la actuación de la SIC en casos sonados en los últimos años relacionados con la presunta cartelización empresarial, entre ellos, en la fijación de los precios de los cuadernos para escritura, el denominado ‘cartel de los pañales’ y, el más reciente, relacionado con la multimillonaria sanción al sector azucarero.

Las opiniones

Liza Leonor Pinzón
Directora de programa Universidad de La Sabana
"Algunas compañías juegan con la demanda, a sabiendas de que hay una oferta que exige el mercado”.

Paola Andrea Zuluaga
Abogada especializada en derecho comercial
“Muchas empresas no tienen en cuenta el perjuicio que ocasionan a los consumidores con los carteles”.