lunes, 9 de marzo de 2015
Todo comenzó cuando el entonces Gobernador de Casanare Withman Porras depositó en Fidupetrol $25.000 millones para que esta los administrara en un patrimonio autónomo, la fiducia debía devolver los recursos en un año, pero nunca lo hizo.
Con lo anterior, Porras fue condenado a 18 años de cárcel y la Corte Constitucional ordenó a Fidupetrol devolver el dinero al considerar que hubo un manejo irregular y detrimento del patrimonio público. Ante esto y considerado que se podría apelar la decisión del alto tribunal se decidió contactar a Jaime Córdoba, abogado constitucionalista, exvicefiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional.
En este punto, aparece Helbert Otero, el mayor accionista de Fedupetrol (a través de su firma Tecfin), señalado presuntamente no solo de involucrar a la fiducia en el negocio por $25.000 millones con Casanare sino de una denuncia de falsedad en documento público y estafa hecha por Citibank. Además, estaría relacionado con el Fondo Premium y Proyectar Valores. Otero fue el encargado de recomendar a Víctor Pacheco (reconocido ‘lobista’) pues aunque su especialidad era civilista tenía buenas relaciones en las altas cortes y sabría como manejar la situación.
La junta directiva no estaba muy de acuerdo, pero aceptaron contratar los servicios de Pacheco (quien habría cobrado $100 millones y una comisión de éxito de 2%, en total $540 millones). Puesto que, Julio Lizarazo y Eduardo de Praga Benítez (accionistas de la fiducia) le dieron el respaldo.
Lizarazo y de Praga Benitez también estarían vinculados con el escándalo de Proyectar Valores y el último, estaría involucrado con un escándalo de asignación de bienes de la mafia.
En 2013, cuando llega Guillermo Caballero a la presidencia de Fidupetrol, pasan varias cosas. La primera es que después de rechazos en tres instancias, los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio decidieron revisar la tutela. ´Con ello, Pacheco habría solicitado un adelanto de su comisión ($160 millones). Por otra parte, Caballero decidió contar con los servicios del ex fiscal Guillermo Mendoza como abogado ante la Contraloría y de Rodrigo Escobar Gil para reforzar la defensa ante la Corte.
Escobar Gil, expresidente de la Corte Constitucional, es señalado como el intermediario de la operación para comprar el fallo de tutela y quien lo señaló ante otros magistrados del alto tribunal es el mismo abogado Víctor Pacheco.
Con lo anterior, se podría establecer que Fidupetrol destinó cerca de $1.000 millones para su defensa, con todo y supuestos sobornos. Sin embargo no fue suficiente pues el magistrado Mauricio González además de rechazar la tutela, realizó la respectiva denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para Manuel Quinche, abogado constitucionalista “este no es un mecanismo adecuado de investigación y no sirve para nada. Limpiar la imagen de la corte será lento y difícil”.
Las opiniones
Manuel Quinche
Abogado constitucionalista
“Esto es muy desafortunado para la justicia y responde a un decaimiento de la Corte y la pérdida de la calidad intelectual y jurídica de sus miembros. La reelección de Uribe y la elección de magistrados durante ese periodo tiene que ver con el desprestigio actual”.
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