viernes, 24 de enero de 2014
La Procuraduría General de la Nación fijó ayer el edicto mediante el cual notifica al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, del fallo que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
Dicho edicto permanecerá fijado durante tres días y cuando sea retirado se entiende que definitivamente se cumplió con el requisito legal de la notificación de la decisión disciplinaria.
Los efectos de la sanción no entrarán a ser efectivos debido a tres fallos de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros 300 de la Seccional Bogotá del Consejo Superior de la Judicatura, que ordenaron la suspensión transitoria del mismo.
Así, el panorama señala que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ya no podría materializar la decisión de la Procuraduría pues es necesario que el Consejo de Estado falle, en segunda instancia.
Esto, además, porque en el fallo de tutela del magistrado José María Armenta, se insta a la Procuraduría a no comunicar al Presidente de la República.
Se espera que en próximos días la Procuraduría impugne la decisión del Tribunal de suspender la sanción ante el Consejo de Estado, Corporación que tiene 20 días para resolver la situación. Por otro lado, la Judicatura señaló al conceder las tutelas, que los efectos del fallo se suspenden hasta que el Consejo de Estado falle una acción de nulidad y restablecimiento de derecho que el alcalde Petro deberá interponer en un plazo máximo de cuatro meses.
Edicto compulsa copias a la Fiscalía
Ahora bien, se conoció que el edicto de notificación consigna la compulsa de copias que hizo la Procuraduría a la Fiscalía para que investigue presuntas irregularidades cometidas al parecer por Petro, antes de implementar el nuevo esquema de aseo en la ciudad.
Como se informó el pasado 14 de enero, la compulsa de copias se estableció en el fallo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que confirmó la sanción de destitución e inhabilidad preferida contra el mandatario local.
Allí la Sala ordenó remitir al Fiscal General copia de una denuncia allegada al ministerio público, acompañada de una grabación, que daría cuenta de un presunto interés de Petro para obtener información de los operadores privados que hacían la recolección de basuras en la ciudad.
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