sábado, 3 de junio de 2017
Esta vez, fue la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en cabeza de su presidente Bruce Mac Master, la que mostró preocupación por una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que condenó a Promigas a que pague indemnizaciones por los daños derivados de un atentado realizado por un miembro de las Farc en el gasoducto Ballenas en Barranquilla.
La empresa fue vinculada “de forma solidaria” con el Ministerio de Minas y Energía, por lo que el presidente del gremio dijo en un comunicado de prensa que “los empresarios respetamos los pronunciamientos de la justicia pero resulta absurdo que un empresario que cumple cabalmente con sus deberes, deba responder por actos de la guerrilla”.
Según Mac Master la compañía del sector energético está cumpliendo con todos los deberes que exige la legislación, y que por esa razón no se le puede imputar la figura “de la imputación de responsabilidad por riesgos excepcional o especial, figura de desarrollo jurisprudencial no exenta de polémica”, la cual es predicable solamente frente al Estado, ya que esta tiene como objetivo declarar los deberes de solidaridad que se tienen con las víctimas del conflicto, los cuales deberían corresponder únicamente a las instituciones públicas.
“Este fallo constituye un grave precedente en materia de la responsabilidad extracontractual de los particulares y constituye un nuevo factor de incertidumbre jurídica que lesiona la inversión privada”, dijo Mac Master en el comunicado.
Se calcula que las indemnizaciones que tanto el Minminas como Promigas deberán hacerle a la población afectada asciende a $3.700 millones.
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