martes, 23 de abril de 2013
La juez segunda de garantías avaló el principio de oportunidad al que llegó el contratista Julio Gómez con la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir. Con esto, Gómez se convierte en testigo “clave” del ente acusador en otros procesos del carrusel de la contratación.
Según el fiscal del caso, los representantes de las víctimas suscribieron un acta de compromiso en la que Gómez se comprometió a colaborar brindando información al ente acusador y que se encuentra contemplado en un documento confidencial.
Además, el contratista será testigo de cargo en otros procesos de implicados en el carrusel de la contratación y se compromete a no participar en actos delictuales.
En el acta quedó establecido que las víctimas no tienen ninguna pretensión económica dentro del delito de concierto para delinquir, por el que se llegó al principio de oportunidad, aunque dejan claro que si se producen perjuicios económicos por la información entregada acudirán a la jurisdicción civil para establecer el pago.
¿En qué consiste el principio?
Con el principio de oportunidad, se busca que durante 360 días cesa cualquier persecución penal en contra de Gómez por este delito, tiempo en el que la Fiscalía espera evacuar todas las actuaciones y finalizar con la labor investigativa.
En este periodo, el contratista deberá cumplir con su compromiso y demostrar buena conducta, además de una “cooperación activa y efectiva”. Este principio, según el ente acusador, “no contempla la libertad del procesado” debido a la gravedad de los hechos.
La Fiscalía reveló la existencia de un “documento matriz en sobre cerrado y sellado” con la firma de Gómez y de su abogado, en el que se plasman una a una las acciones en las cuales colaborará, indicando nombres de los partícipes, fechas, entidades públicas, montos apropiados, lugares donde se deberían encontrar evidencias documentales e informaciones precisas que permitirán “empezar a ejecutar los actos propios de la policía judicial”. Además, se habla de que Gómez presentó pruebas de los congresistas que estarían involucrados en el carrusel.
Denuncia de Meléndez
Inocencio Meléndez, ex subdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), otro de los involucrados en el carrusel de la contratación aseguró que Hernán Briñez Rojas, procurador segundo distrital, habría recibido $500 millones de parte del concejal José Juan Rodríguez para que le diera un concepto favorable a la adjudicación de la Fase III de Transmilenio, a pesar de las fallas que había. Así lo denunció Meléndez en el juicio que se le adelanta a Liliana Pardo, exdirectora de esa misma entidad, y al excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.
El exfuncionario adviritó que Briñez promovió un concepto de que todo estaba en regla y se comprometió a archivar el proceso.
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