martes, 27 de octubre de 2015
El jefe de la cartera de Defensa recalcó que el ataque del grupo armado ilegal no se trata de una operación militar sino de una ofensiva terrorista contra la fuerza pública, contra el proceso electoral y los indígenas y campesinos que habían votado en esa municipalidad, pues los militares custodiaban a personal de la Registraduría que llevaba 242 tarjetas electorales (113 de Bachira y 129 de Bocotá), lugares en los cuales habían votado indígenas Uwa.
A su vez, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, expresó su rechazo frente a la emboscada y enfatizó que se trata de un ataque que va en contravía del Derecho Internacional Humanitario.
Otálora lamentó la muerte de los uniformados que perecieron en estos hechos, y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, enfatizando que el ELN agredió el espíritu democrático de las comunidades indígenas, cuyo mandato estaba representado en el material que trasladaba la comitiva desde el resguardo Uwa de Bachirá hacia la cabecera municipal de Güicán. “Hago un llamado a la sensatez de esa organización ilegal, para que asuma su responsabilidad frente al momento histórico que vive el país, y respaldo al Gobierno Nacional en su decisión de ampliar las operaciones ofensivas contra esa estructura en particular”, concluyó Otálora.
Finalmente, para el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, también condenó el ataque y manifestó que el Gobierno debería suspender las negociaciones con el grupo guerrillero hasta que no haya un compromiso de no repetición de estos actos. “Lo que debería hacerse es precisamente suspender cualquier género de conversaciones y reiniciarse cuando el ELN se comprometa a no volver a reiterar estos actos de barbarie, esto debe tener consecuencias, que es lo que el país exige, lo que las víctimas desean es un acto de elemental prudencia. Los señores del ELN deben liberar a todos los secuestrados, no sólo los de ayer sino a todos y no seguir reiterando los actos que cometieron” explicó Ordóñez.
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