viernes, 31 de enero de 2014
El fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, anunció que en los próximos días serán llamados a imputación de cargos seis empleados de la compañía petrolera Drummond, entre los que se encuentra directivas y otros funcionarios.
Se trata del superintendente de operaciones Javier Jácome, el superintendente asistente Carlos Florez, el gerente de operaciones José Luis Velásquez, el supervisor de operaciones Pablo cárdenas y los operadores de grúa Carlos Urieles y Raúl Olivella.
Según el ente acusador, estas personas habrían incurrido en el delito de daños ambientales al no verificar las máquinas de la compañía y permitir el derrame de carbón ocasionando una alta contaminación que afectó al mar Caribe y los pobladores de esa zona del país.
Drummond es la segunda carbonífera de Colombia por detrás de la minera estatal colombiana Cerrejón, y extrae diariamente entre 80.000 y 90.000 toneladas de carbón térmico.
Por su parte, el pasado 15 de enero, la contralora Ceneral de la República, Sandra Morelli, anunció que el organismo desarrolla tres investigaciones que suman $183.000 millones por responsabilidad fiscal en dos contratos de la Drummond y deudas en el pago de regalías al Estado.
"Una de las pesquisas (por responsabilidad) se inició el año pasado por la ampliación de la concesión de la línea de playa, y asciende a 113.000 millones", precisó en una rueda de prensa.
La otra investigación por responsabilidad fiscal contra la carbonera norteamericana surge de haber excedido el límite de calado de sus barcos. "Se había comprometido a un máximo de 70.000 toneladas, pero la última auditoría nuestra estableció que tiene buques de 160.000 toneladas, lo que produce un daño fiscal por $20.000 millones", agregó Morelli.
Uno de los objetivos de las indagaciones es determinar la implicación de interventores, supervisores y funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transporte en la ampliación de la concesión para la explotación del carbón en los departamentos del Magdalena y Cesar.
El tercer proceso fiscal a Drummond se abrió porque la empresa adeuda al país $50.000 millones en regalías. La suma está actualizada a diciembre de 2012.
Esta decisión se conoció en el marco del 'Tercer foro de análisis del Sistema Penal Oral Acusatorio', que se lleva a cabo en la Isla de San Andrés.
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