martes, 2 de abril de 2013
La Auditoría General de la República realizó un informe de control fiscal en Bogotá y Cundinamarca, y evidenció que la gestión no fue le mejor. Se trata de una revisión de cuentas para la vigencia 2011 a dichas Contralorías, con el objetivo de realizar la evaluación de los resultados de la gestión administrativa, financiera, operativa y el cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables en los procesos de la administración.
Para el auditor, Jaime Ardila Barrera, uno de los temas que más preocupa es el de procesos que estarían en riesgo de prescripción y que para las tres contralorías sumarían más de $300 mil millones.
Se evidenció en el informe un desorden contable que existe en las contralorías y que genera como consecuencia el no fenecimiento de sus cuentas: “No deja de preocupar que el no fenecimiento de las cuentas de las contralorías se conviertan en un saludo a la bandera por no existir unos mecanismos fiscales que sancionen de verdad a los funcionarios que no cumplen con los requerimientos contables y legales”, dijo Ardila.
Igualmente, expresó que con los contralores del país se está trabajando en una propuesta para meter en cintura a los funcionarios que no se les fenezcan las cuentas.
Cundinamarca
Un total de 676 procesos, cuya cuantía asciende a $80.471.658.455, equivalente al 50,43% del valor total del presunto detrimento patrimonial del Departamento de Cundinamarca, estuvo durante la vigencia 2011, bajo la administración del excontralor Jorge Augusto Gómez Ricardo, en riesgo de prescripción al superar en su trámite los 3 años, a pesar que algunos de ellos ya fueron terminados en el límite del término legal de cinco años.
Se establece además, que por cada $10.000, de detrimento del patrimonio público que investiga la Contraloría de Cundinamarca, existe la expectativa de recuperar tan solo $5, que sumado a lo pagado alcanza una recuperación máxima de $11. “La situación descrita riñe con los principios constitucionales de economía, eficiencia, celeridad y principalmente con el de eficacia y el objeto de la responsabilidad fiscal, cual es obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 610 de 2000”, consigna el informe.
Bogotá
La Contraloría de Bogotá reportó en la cuenta el trámite de 526 procesos de responsabilidad fiscal durante la vigencia de 2011 a cargo del excontralor Mario Solano, en cuantía de $524.529.626.174. La antigüedad de estos procesos se detalla en la siguiente tabla conforme a la información reportada, con corte al 31 de diciembre de 2011. Se concluye que 94 procesos, que representan el 17,87% del total de procesos, cuya cuantía asciende a $207.548.973.854, equivalente al 39,57% del valor total del presunto detrimento patrimonial del Distrito Capital, estuvo durante la vigencia en riesgo de prescripción al superar en su trámite los 3 años, a pesar que algunos de ellos ya fueron terminados en el límite del término legal de cinco años.
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