• Colprensa

jueves, 26 de julio de 2012

En una auditoría realizada a la sociedad Terminal de Trasportes de Ibagué S.A., la Contraloría General encontró 18 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene incidencia fiscal y presunta incidencia penal, dos son de connotación disciplinaria y dos más serían compulsados para su análisis a la Junta Central de Contadores.

Según el informe, en el período auditado se examinaron 35 contratos de un total de 319, que representan el 11 por ciento del total de los contratos celebrados.

La muestra seleccionada sumaría un total de ocho mil 779 millones 305 mil 935 pesos que representa el 97,85 por ciento del valor total contratado e incluye el examen de nueve contratos por valor de ocho mil 336 millones 886 mil 684 pesos, celebrados en vigencias anteriores, pero ejecutados en 2011.

De acuerdo con la auditoría, el hallazgo fiscal cuyo monto corresponde a la cuantía de 581 millones 989 mil 707 pesos generó un detrimento patrimonial de 405 millones 239 mil 432 pesos, según participación pública del 69.63 por ciento.

Esto estaría relacionado con la "diferencia entre los extractos bancarios y la contabilidad (...) en el que se evidenciaría consignaciones ficticias y cheques no incluidos en las conciliaciones bancarias" a 2011.

La Contraloría resalta, el faltante de efectivo en la cuenta de caja y bancos y según anota, esto se debe a "la falta de cumplimiento en los principios de control y transparencia por parte del Jefe Financiero y de la revisoría fiscal de la sociedad".

Así mismo, debido al mal manejo del efectivo por parte del tesorero, la cuenta de inversiones presentó en sus estados financieros un saldo incorrecto pues "registró contablemente la constitución de un CDT por valor de 150 millones de pesos con fecha a 30 de diciembre 2011, cuando en realidad la transacción se efectuó el 12 de enero del presente año, poniendo así en riesgo los recursos de la entidad y pérdida de los rendimientos de inversión".

Junta central de contadores

Según se evidencia en el informe, mediante el contrato 011 de 2011 por valor de 74 millones 555 mil 520 pesos, la revisoría Fiscal estaba en la obligación de rendir 12 informes a la Gerencia, de los cuales sólo se presentaron tres, y uno de los tres cuatrimestrales que se debería rendir a la Junta Directiva.

De acuerdo con el ente de control, la falta de gestión de la Revisoría Fiscal y de exigencia por parte de la Dirección y miembros de la Junta, generó no solo incumplimiento del contrato sino la falta de conocimiento del estado y comportamiento de la actividad financiera, económica y social de la empresa. Esto conllevó a que la Contraloría decidiera enviar el caso a la Junta Central de Contadores.

Hallazgos disciplinarios

El informe indica que la gestión por parte de la entidad ha ido en contra del cumplimiento y ejecución de las sanciones correspondientes a dar saneamiento a las 32 mil 201 infracciones a empresas de ‘Transporte Terrestre’ cuyo valor aproximado estaría sobre los 16 mil 380 millones de pesos ($16.386.628.700).

Esto sin duda ha impedido la posible generación de ingresos adicionales por la cuantía anteriormente citada, por lo que se remite el expediente a la Procuraduría General de la Nación.

También cabe resaltar que el hallazgo fiscal fue trasladado por su presunta incidencia fiscal, penal y disciplinaria a la Contraloría General de Nación, Fiscalía y Procuraduría, respectivamente.

Más hallazgos

Sobreestimación de depósito en efectivo

Debido al mal registro, control, eficiencia y economía generada desde la tesorería y el área financiera de la sociedad Terminal de Transporte, esta generó al cierre de 2011 una sobreestimación en los depósitos efectuados en la cuenta de ahorro No. 83228 del Banco Colpatria en una cuantía aproximada de 289 millones de pesos ($289’846.506).

Esto conllevó a un incremento del pasivo por el sobregiro de la cuenta corriente y riesgos en la toma de decisiones por parte de la Gerencia.

Conciliaciones bancarias

Al cierre del año pasado, según la Auditoría efectuada, la empresa dejó de reportar la suma de 274’625.117 pesos correspondientes a 113 cheques no incluidos en el cuerpo de la conciliación bancaria, lo que generó registros inexactos poniendo en riesgo de pérdida los recursos de la Terminal.

Demandas y litigios

De acuerdo con la Contraloría, durante el 2011, la empresa dejó de llevar el registro de las posibles obligaciones derivadas de los procesos judiciales que reportan los juzgados en su contra como responsabilidades contingentes, lo que generó información inexacta y la subestimación de las pretensiones en caso de fallo en contra de la entidad.

Falta de claridad en contratos de mínima cuantía

Según el informe, para el contrato 003-11 del primero de enero de 2011 por $7’900.000 se presentaron tres cotizaciones con fecha 3 de enero, después de suscrito el contrato y que debían presentarse antes de la suscripción del mismo, generando incertidumbre en la objetividad de la selección del contratista incumpliendo el Manual de Contratación.

Constitución de garantías

Según hallazgos de la Contraloría, en los contratos ejecutados por la entidad en el 2011, la Terminal de Transporte aprobó de forma extemporánea garantías que superaron entre 4 y 40 períodos la iniciación de los contratos, por lo que se pudo poner en riesgo los recursos públicos de la entidad.

Además controvierte el reglamento de la misma sociedad adoptado por la resolución de la Junta Directiva No. 001 del 2 de abril de 2008.