• Carlos Eduardo González

miércoles, 12 de julio de 2017

La SIC encontró que las fundaciones Fundesol y Multiactiva se cartelizaron en un proceso de contratación pública en Cartagena

La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que las fundaciones Fundesol y Multiactiva Emprendiendo se cartelizaron en un proceso de contratación pública para el suministro de la alimentación para adultos mayores en la ciudad de Cartagena, por lo que la entidad les impuso una sanción de $2.500 millones.

Según aclaró la SIC, a Fundesol le corresponde pagar una multa de $922,1 millones, mientras que la obligación de Multiactiva es de $1.586 millones. Cabe mencionar que también fueron sancionadas dos personas naturales, que figuran como representantes legales de las organizaciones.

Jeniffer Ávila Rodríguez y Darly Johana Asís Padilla fueron multadas, cada una, con $73,7 millones, por lo cual, el total de la multa llega a $2.655 millones.

Según explicó Pablo Márquez, exmiembro de la SIC y socio de MBCR, las sanciones de la Superindustria no deben superar 10% del patrimonio o de los ingresos operaciones de la empresa, para no llevarla a la quiebra. De igual forma, el experto sostuvo que no hay ningún impedimento para que estas empresas continúen funcionando, aunque se debe esperar el proceso penal, pues la Superintendencia entregó copias a la Fiscalía General de la Nación, la cual, le podría imputar a los responsables el delito de colusión en licitaciones públicas, que da hasta 12 años de prisión.

Este proceso data de 2012, cuando ambas fundaciones se cartelizaron ante una contratación pública adelantada por la Alcaldía de Cartagena, con un costo de $1.985 millones, para el suministro de alimentación para 7.220 adultos mayores pertenecientes al nivel 1 y 2 del Sisbén, detalló la Superindustria.

“La cartelización consistió en que las fundaciones se presentaron con ofertas aparentemente independientes, cuando en realidad se trataba de propuestas coordinadas entre ellas que simulaban competir”, mencionó el comunicado de la entidad.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, aseguró que cada caso debe analizarse, de acuerdo con la gravedad de la conducta y la capacidad económica de las empresas que se van a sancionar, para que las multas no resulten expropiatorias o confiscatorias.

Según el Superintendente, ninguna de estas dos empresas se hizo con la contratación; sin embargo, en términos pragmáticos, esto no cambia su responsabilidad por la conducta.

“No siempre que hay colusión las empresas ganan los procesos contractuales, cuando usted hace trampa no necesariamente gana”, explicó Robledo. Quien, además, hizo un llamado a las entidades que adelantan estos proceso para que informen a la Superindustria si notan “similitudes de las ofertas que van más allá de la casualidad”.

En la investigación, la entidad encontró que “ambas fundaciones acreditaron disponibilidad de proveedores con documentos falsos emitidos por el mismo supuesto proveedor”, además, “usaron formatos idénticos en sus propuestas, tuvieron sedes en las mismas direcciones en diferentes periodos y compartieron personal”.

De acuerdo con Jairo Rubio, ex superintendente de Industria, los sancionados cuentan con 10 días hábiles para presentar recurso de reposición, para que se revoque la sanción o se disminuya su costo.

En caso de que la SIC confirme la sanción, dijo el experto, las fundaciones pueden llevar el caso a lo contencioso administrativo, aunque Rubio dijo que, aunque se puede revocar la medida, puede pasar hasta una década para que queda en firme.