• Colprensa

miércoles, 28 de agosto de 2013

Hace unas semanas el país escuchó del cierre del juzgado que llevaba el publicitado ‘caso Colmenares’, la investigación por la muerte en hechos extraños del joven estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares que implica a dos de sus compañeras, sus familias y prestantes abogados.

El caso llevaba casi un año en audiencia preparatoria de juicio en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero en el juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto con Funciones de Conocimiento, despacho que no obstante fue suprimido el pasado 31 de julio por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La medida se tomó, según la Judicatura, como un reajuste de las medidas de descongestión que el Gobierno dispuso en 2009 para dar trámite a miles de procesos represados en los despachos y así dar una pronta respuesta al ciudadano de la calle. Así, el publicitado caso no tenía cabeza. Es más, de un día para otro los funcionarios judiciales de ese despacho y otros cuantos amanecieron sin trabajo por cuenta de la medida.

La polémica decisión generó reacción inmediata de la Fiscalía y la Procuraduría, que pidieron al Consejo Superior reversar su decisión o al menos explicarla, pero ninguna de las dos peticiones fue acogida. Un acuerdo firmado el pasado ocho de agosto por la Seccional de la Judicatura de Bogotá, reasignó el proceso al juzgado original, es decir, el 11 penal del circuito de conocimiento de Bogotá para que continúe con su juzgamiento. Se trata del mismo despacho que tiene que dar trámite de otro caso de importancia nacional: el que se adelanta contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por su presunta participación en el descalabro conocido como el ‘carrusel de la contratación’.

Pero ese mismo acuerdo afirma que los despachos adjuntos suprimidos, solo en la capital del país, enviaron un total de 3.698 procesos para ser repartidos nuevamente y 1.223 procesos para entregar a Archivo Central.

¿Qué hay detrás?
Para entender qué está pasando realmente con las medidas de descongestión en el país, hay que explicar varias cosas. Primero, que los juzgados adjuntos eran como pequeños despachos funcionado dentro de un juzgado principal y que tomaban casos represados que no fueran de connotación nacional y por delitos menores.

Esto se sumó a la creación de despachos de descongestión que trabajarían de manera transitoria para desacumular los procesos represados. Para el funcionamiento de estas medidas y no solo en la jurisdicción penal sino también en la civil, laboral y la contenciosa administrativa, la Rama Judicial fija cada año su presupuesto.

Esas medidas de descongestión, fijadas en Acuerdos, se han ido prorrogando por el Consejo Superior de la Judicatura debido a su necesidad. La última vez fue el pasado primero de agosto, luego que el Consejo de Estado lanzara un S.O.S porque las medidas vencían sin que el Consejo Superior se hubiera pronunciado.

Un día después, en un hecho que fue calificado de improvisación por jueces y magistrados, la Corporación prorrogó hasta el 30 de septiembre los cargos transitorios del Consejo de Estado y de las otras jurisdicciones en todo el país. Esa ampliación además creó algunos cargos en las cuatro Altas Cortes del país para que funcionen por escasos dos meses.

Problema de plata
El problema de fondo para estas nuevas medidas fue un déficit de plata, pues la descongestión está garantizada hasta finales de septiembre. El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura sabía que esto iba a estallar.

“(....) Entonces se ha dedicado a la apropiación de nuevos recursos y el Ministerio de Hacienda solamente ha dado $10.000 millones. Se tenían $73.000 millones de recursos propios, osea que van $83.000 millones y se requieren unos $25.000 millones más aproximadamente para que el proceso se prolongue hasta el 31 de diciembre”, explicó.