martes, 28 de agosto de 2012
La Procuraduría General de la Nación enviará al Consejo de Estado una copia del expediente disciplinario que tiene abierto al senador Eduardo Carlos Merlano, por tratar de evadir una prueba de alcoholemia, para que sea tenido en cuenta en el proceso de perdida de investidura que también se adelanta en su contra.
Así lo anunció la procuradora delegada, María Eugenia Carreño, este lunes en audiencia pública tras petición expresa del Consejo de Estado que, cabe decir, citó para audiencia pública al senador Merlano para el próximo 11 de septiembre.
La Procuradora denegó la petición del defensor de Merlano, Alfonso Carvajal, de citar a rendir la ampliación de testimonio del director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño.
Aunque la Procuraduría había aceptado que la defensa le hiciera al general León un contra-interrogatorio de forma escrita para que precisara algunos puntos que consideraba que no fueron respondidos adecuadamente, al término de la audiencia objetó las preguntas que formuló la defensa por inadecuadas por lo que esa prueba no se podrá realizar.
La defensa buscaba que el general León Riaño ampliara su respuesta sobre supuestos beneficios que habría recibido uno de los patrulleros que hacía parte del puesto de control que detuvo a Merlano el pasado 13 de mayo en a ciudad de Barranquilla manejando en presunto estado de embriaguez.
Merlano es investigado disciplinariamente por haber tratado de utilizar su investidura para impedir que se le realizara una prueba de alcoholemia.
Por esos mismos hechos, fue demandada su investidura en el Consejo de Estado por tráfico de influencias.
La audiencia quedó reprogramada para el próximo tres de septiembre a las 11 de la mañana.
El caso no solo generó la apertura de una investigación disciplinaria al interior del Partido, sino que según Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, esta entidad formuló la queja disciplinaria por este hecho ante la Procuraduría y una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.
Según Bustos, por estos hechos el senador podría ser suspendido o destituido ante el hecho de una falta disciplinaria. Entre tanto, aseguró, de presentarse una pérdida de investidura, esto podría representar su muerte política de Merlano.
El abogado Ignacio Cantillo sostuvo que ante la demanda por pérdida de investidura el Consejo de Estado tendría cerca de seis meses para realizar un pronunciamiento de fondo, aunque esto, aseguró, dependerá del periodo de pruebas, en el cual se hace la confrontación de las mismas.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
