• Teresita Celis

jueves, 26 de julio de 2012

Así como crecen en clientes, ventas y coberturas, las quejas, demandas, investigaciones, reclamos y sanciones contra firmas que prestan los servicios de telefonía móvil en el país tienen también un ritmo creciente.

Esta semana se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una investigación contra Comcel (hoy Claro) por, supuestamente, alterar la portabilidad numérica de usuarios prepago y por, presuntamente, impedir el traslado de abonados a otros operadores.

La queja, que motivó la investigación, la puso Movistar ante la SIC y frente a esta tema otro operador, Tigo, también había interpuesto recurso ante la entidad. La portabilidad numérica permita al usuario cambiar de operador sin cambiar el número.

Frente a esto Comcel se pronunció ayer y en un comunicado dijo que cumple con las normas y disposiciones establecidas. “Desde el inicio de la portabilidad numérica, la compañía ha estado comprometida con la implementación de este servicio que sin duda ha traído beneficios a los usuarios de telefonía móvil”, señaló.

Agregó que estará al frente de una explicación satisfactoria para cada uno de los argumentos que hagan parte de los motivos de apertura de la investigación por parte de la SIC. “La compañía tiene habilitados todos los canales de distribución para que los usuarios puedan realizar libremente las portaciones de sus números, a través de la red de atención y ventas más grande del país de manera ágil y eficaz, cumpliendo siempre con los parámetros establecidos por el Gobierno”, puntualizó la firma.

La apertura de la investigación, de resultar desfavorable a Comcel, puede exponer a la firma a una multa que es una de las maneras de sancionar, por parte del ente de control, prácticas no debidas que vayan en contra de la sana competencia o que afecten al consumidor.

“Las sanciones y los montos varían de acuerdo al motivo que las genere. Lo que es evidente es que viene incrementando el número de quejas y sanciones impuestas por la Sic por diversas causas. Solo por fallas en el tema de protección de información personal y Habeas Data se han puesto entre 30 ó 40 sanciones a compañías”, sostuvo Pedro Novoa, socio de la firma Novoa Fernández Asesores Empresariales, especializada en este tema. Precisamente, Novoa destacó que en protección de la información personal, que es una de las fallas más frecuentes cometidas por los operadores celulares, la actual legislación (la Ley 1266 de 2008) establece sanciones que pueden llegar a 1.500 salarios mínimos legales vigentes.

Pero con la nueva norma que hace tránsito en la Cámara de Representantes éstas llegarían hasta 2.000 salarios e incluso originarían la suspensión de la operación. “Es buenísimo y es una medida que indica que Colombia se está metiendo en grandes ligas en el tema de protección a la información personal porque estábamos atrasados 10 años”, dijo.

Estas son fallas cometidas por los operadores en las cuales se reportan los usuarios a las centrales de riesgo sin autorización o lo hacen por un error en un procedimiento.

“Las firmas incurren en ello por falta de procesos y controles internos”, dijo el jurista.