• Margarita Matías

lunes, 14 de mayo de 2012

Las investigaciones que se adelantan en contra del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, y en las cuales se han analizado correos electrónicos y propiedades, además de realizado interceptaciones no solo a él sino a sus allegados, entre otra serie de datos, serían una violación a los derechos fundamentales del funcionario.

Así lo afirmó Andrés Guzmán, abogado del procesado, quien afirmó que muestra de que fueron vulnerados los derechos de su representado es el hecho de que el fiscal que llevaba el caso, Julio Ospino, podría ser sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura, organismo en el que actualmente cursa una investigación disciplinaria por actuaciones fuera de lo normal, entre las que están la no aprobación de permisos para que el investigado conociera las pruebas recolectadas y sus fines concretos.

El proceso está actualmente en manos de la fiscal Martha Lucía Zamora, quien lo tomó el pasado 11 de abril.

'Lo que se está haciendo es una cacería de brujas donde se abrió un proceso penal en el que se está buscando algo que no van a encontrar', señaló Guzmán, quien agregó que el caso carece de veracidad.

Según el abogado, hasta el momento no hay una sola prueba que afirme que Carlos Ariel Sánchez le pidió plata a los candidatos a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca Rodrigo Guerrero y Susana Correa.

'El fiscal Ospino dice que en una de las conversaciones que fueron analizadas por parte de la Fiscalía la esposa del registrador le dice a Sánchez que no está de acuerdo con sus actuaciones, pero eso no puede ser una prueba de su culpabilidad, pues pueden estar hablando de otro tema que no necesariamente tiene que ver con el caso en cuestión', explicó Guzmán.

El abogado dijo además que si estas son la clase de pruebas que tiene la Fiscalía, entonces no tienen nada de qué acusar al registrador.

Actualmente en contra del registrador Nacional se adelantan investigaciones por concusión y alteración de resultados electorales y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, proceso que se inició en agosto del año pasado, cuando el Presidente Juan Manuel Santos denunció que a los dos candidatos a la Alcaldía de Cali les estaban pidiendo millonarias sumas de dinero para que no les anularan sus postulaciones.

Para Andrés Guzmán, la violación a la reserva sumarial y las acusaciones son un tema preocupante, de ahí que continuarán adelante con sus denuncias penales en contra de Ospino por los anuncios que ha hecho en medio del proceso, que aunque hasta el momento no ha encontrado como culpable a Sánchez, si ha perjudicado la imagen del alto funcionario.