lunes, 5 de agosto de 2013
Las violaciones a la protección del consumidor y la libre competencia costaron el año pasado a los diferentes sectores productivos colombianos alrededor de $85.000 millones, unos US$45 millones, por concepto de sanciones.
La cifra es una de las principales razones por las que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Consejo Gremial Nacional firmaron ayer un convenio, cuyo objetivo es capacitar a los empresarios en las normas vigentes,y reducir así la cantidad de multas.
La suscripción del acuerdo, sin embargo, no significa que la SIC dejará de investigar y, cuando el caso lo amerite, sancionar. En la rueda de prensa en la que se informó de la medida, el superintendente Pablo Felipe Robledo explicó que esta surge ante la necesidad de que la entidad de vigilancia no limite sus funciones a castigar. “A punta de multas seguramente no arreglaremos el país, el comercio, las violaciones a los derechos de los consumidores”.
Las penalizaciones durante 2012 se impusieron a 5.084 empresas de todas las esferas económicas: financiera, agrícola, industrial, comercial y de servicios, siendo esta última la de mayor cantidad en el servicio de telecomunicaciones.
No en vano la semana pasada se conoció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), del que no depende la SIC, impuso a Claro una multa de $5.200 millones por sobrepasar el límite establecido de llamadas caídas o fallidas: el dos por ciento para los departamentos con más del uno por ciento de la población colombiana.
Para Robledo, en el país debe nacer una costumbre que permita mejorar el comercio de “una manera mucho más tranquila”, más allá del derecho a multar. “a socialización, los cambios de actitud, las campañas de capacitación no rinden frutos de un día para otro. Rinden frutos de un día para otro, más fácil, las sanciones. Es un camino más largo, pero más amable y que al final produce mejores resultados que la mera actividad sancionatoria”.
Y es que el interés de los 21 gremios afiliados al Consejo Nacional surge a partir de que hay multas en todos los ámbitos. Rafael Mejía López, presidente del gremio, calificó la medida como un paso adelante hacia el cumplimiento de las obligaciones y los derechos por parte de los productores, quienes recibirán las campañas de divulgación, capacitación y asociación sobre todos los asuntos que controla la SIC: protección de la libre competencia, protección de los derechos de los consumidores, protección de datos personales, protección de la propiedad Industrial, marcas y patentes, reglamentos técnicos, entre otros.
Pero no sólo los industriales serán capacitados. Mejía afirma que el convenio incluye también a los consumidores, quienes en muchas ocasiones presentan reclamos sin el total conocimiento de cómo y qué deben exigir.
“Es importante que ambas partes estén enteradas de qué está vigente y qué se puede hacer”, dijo.
El representante de los sectores productivos considera que la medida, que según Robledo “partira en dos la historia de la Superintendencia”, trata de evitar que los consumidores, “medianos, pequeños y grandes”, respondan: ‘Es que yo no sabía’. “Todo lo que planeamos es con un enfoque para que se reduzca, conocer la reglamentación qué está vigente. Colombia ha evolucionado mucho. Su normatividad no es la misma de hace 10, 20 años. Por eso es importante que los tengamos actualizados”.
Eduardo Visbal, vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), una de las agremiaciones afiliadas al Consejo Nacional, es coincidente con Mejía. “Como decía el Súper: la mayor parte de los errores se cometen de buena fe. Ya sea por costumbre, desconocimiento. En la medida en que se pueda educar y capacitar a productores y proveedores de elementos, es completamente más rentable para la sociedad”.
Sandra Forero Ramírez, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y vicepresidente del Consejo Gremial Nacional, mencionó que el convenio entre el sector que lidera y la Superintendencia es fundamental.
“La función no debe ser sólo sancionar, sino dar todos los elementos y estrategias para que los consumidores sepan hasta dónde puede llegar una queja y las condiciones para que esta lleve a una sanción. O, adicionalmente, para que nuestros afiliados tengan claro que no es sólo producir, sino tener unas reglas claras frente a esa manera de producir y atender al consumidor”, dijo la dirigente gremial.
Pacto con las telefónicas
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sostuvo que en el caso particular de las compañías de telefonía móvil, la SIC dedica alrededor del 10% de su presupuesto, a trabajar en ese tema. Y adelantó que una de las actividades que realiza la entidad es trabajar con estas empresas en un convenio específico. “Estamos recibiendo sólo en recurso de apelación, es decir, aquellas reclamaciones que no son solucionadas por los operadores, 20.000 solicitudes al año. Con ellas buscamos planes de mejoramiento que permitan solucionar de manera más pronta las reclamaciones de los usuarios de telefonía móvil”.
Juan Camilo Nariño
vicepresidente de la Andi
“Se busca insistir en todo el aspecto normativo, para que existan mejores productos, servicios, una publicidad cercana y acorde a lo que se ofrece. Esto va a producir resultados en el mediano plazo”.
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