viernes, 23 de noviembre de 2012
El próximo martes, Colombia conocerá el nombre del nuevo Procurador General de la Nación, elegido en un proceso que no ha estado exento de críticas de unos sectores y de manifestaciones de satisfacción por parte de otros. En todo caso, analistas que provienen de ambas orillas coinciden en que la reelección de ese tipo de funcionarios debería desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano.
Otro de los aspectos que ha provocado la confrontación de puntos de vista es que los tres candidatos no hayan tenido el mismo tiempo para exponer sus ideas y propuestas frente a sus electores (los miembros del Senado de la República), lo que, para algunos, ha dado una clara ventaja a las aspiraciones reeleccionistas del actual Procurador, Alejandro Ordóñez.
Por esa razón, hay quienes, incluso, advierten vicios de procedimiento que más adelante pueden constituir elementos importantes en una eventual demanda contra la elección. Otros, en cambio, aseguran que la diferencia de momentos en que se conocieron los integrantes de la terna es un factor accidental que no compromete la legitimidad del proceso.
Lo cierto es que mientras que a Ordóñez lo propuso la Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto pasado –cuando ya llevaba incluso varios días en campaña– y a Orlando Gallo Suárez lo postuló el Consejo de Estado el 25 de septiembre, casi un mes después, a la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López la propuso el Presidente de la República el 30 de octubre, dos meses después de Ordóñez.
Esa marcada diferencia, que da origen al debate, no es significativa, por ejemplo, para Hernando Yepes Arcila, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana.
Según él, eso es un resultado directo del hecho de que la Constitución no confía la elaboración de la terna entera a un solo órgano, como suele ocurrir en caso todos los demás casos. La situación, de acuerdo con Yepes, expone a la realidad de que eventualmente un órgano con capacidad de postular un nombre se retrase con relación a todos los demás.
“En este caso fue visible la tardanza del Presidente de la República de dar a conocer el nombre de la persona que quería postular para el cargo. Pero el hecho de que entre la primera postulación y la última haya un lapso, para nada quebranta o deteriora valores constitucionales o políticos que debieron ser tomados en consideración”, asegura el jurista.
En cambio, Gloria María Borerro, vocera de Elección Visible, una coalición de 13 organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a los procesos de nominación y elección de magistrados de las Altas Cortes y otros altos dignatarios de la justicia, asegura que hay que corregir y reglamentar ese proceso de selección.
“Se necesita un decreto para que el Presidente se autorregule, y se necesita modificar los reglamentos internos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia para que las ternas salgan en un periodo determinado, o sea que salgan del partidor en el mismo momento y se les dé la misma igualdad a los tres candidatos”, sostiene Barrero.
En este sentido, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández cree que sí debería contemplarse una norma en cuya virtud todos los candidatos estuvieran a la misma altura, tuvieran las mismas posibilidades y se encontraran en igualdad de condiciones frente a la posible elección. “Es decir, no favorecer a alguno con ventajas ni desfavorecer a otros con desventajas”, dice.
EVENTUALES DEMANDAS A LA ELECCIÓN
Ante la eventual presencia de vicios en la elección del Procurador, derivados de la diferencia de tiempos en que fueron presentados los tres candidatos, y que después pudieran ser elementos de una demanda contra el proceso, Yepes sostiene que por lo menos desde ese punto de vista del distinto momento en que partieron cada uno de los candidatos, no hay ningún vicio.
“Es un accidente independiente de la voluntad de los candidatos y también de los electores (senadores), porque proviene del distinto momento en que cada uno de los órganos habilitados para nominar hizo su propia actuación”, explica Yepes. “Es una interesada exageración que se ha querido hacer ver como un defecto del procedimiento, que no es tal”.
“Si uno considera la verdadera naturaleza del proceso en que estamos, verá que el hecho de cuándo aparece cada candidato no es significativo. Es más: el mejor candidato puede ser el último que aparezca y eventualmente ha ocurrido así en varias oportunidades”, añade.
En otra dirección apunta el criterio de Borrero, para quien varias cosas de esta elección de Procurador son demandables. “Ya las han demandado algunas organizaciones, como el hecho de que los magistrados no se hayan declarado impedidos cuando tenían familiares en la Procuraduría, lo cual hace que haya un vicio en el procedimiento”.
Hernández, a su turno, explica que lo que está proponiendo es que precisamente esas normas se establezcan. “Pero a la luz de las normas actuales no hay ningún término para que el Presidente formule su candidato ni tampoco para que lo haga la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. De modo que no creo que a este proceso le podamos aplicar unas normas que todavía no se han expedido, y que sería bueno, de todas maneras, que se expidieran, pero para casos futuros”.
NO MÁS REELECCIONES
Uno de los aspectos en el que, sin embargo, coinciden los analistas es el de la reelección del Procurador, aunque con algunos matices.
Para Gloria María Borerro, “debe haber una reforma constitucional porque no puede exisitr reelección para ese tipo de cargos de organismos de control, y por eso vamos a luchar en el futuro”. Y agrega que el proceso de elección empezó mal porque “la Corte Suprema no hizo ningún proceso transparente ni hizo una inscripción pública”.
La vocera de Elección Visible sostiene que ese alto tribunal “simplemente lo eligió (a Ordóñez como su candidato) y lo hizo muy rápidamente. Empezó también mal porque inmediatamente elegido, sin que se conocieran los otros ternados, varios partidos políticos empezaron a decir que iban a votar por él. Está mal desde el principio y no se ha logrado dar el mismo tratamiento igualitario a las partes”.
“Sin aludir específicamente al caso del actual Procurador, creo que, en general, la Constitución debería prohibir toda reelección: Procurador, Defensor, Presidente y Vicepresidente de la República. Todas las reelecciones deberían se prohibidas porque la figura es supremamente dañina y ocasiona precisamente todas estas distorsiones”, asegura, por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández.
Hernández insiste en una reforma constitucional para, primero, prohibir las reelecciones, y segundo, establecer que la postulación de los candidatos se hará de manera que todos queden en igualdad de condiciones, de tiempo, del mismo nivel, de la misma categoría.
“Y sería importante añadir que los que participen como electores o como postulantes no deben tener vínculos de orden laboral, familiar o en una relación con el postulado. Debe haber una total independencia en la postulación y en la elección”, advierte Hernández.
Al respecto, Yepes, aunque declara que no le gusta ninguna reelección, plantea que este tipo de reformas deben ser meditadas. “Como decían los pensadores clásicos: sin cálculo y sin emociones. Deben ser estudiadas en un ambiente sereno en el que se miren primero las experiencias del pasado, pero también el contenido de las normas, la dinámica que generan en este tipo de funciones de provisión de altos cargos del Estado”.
“En este momento ese debate no es sereno, no es tranquilo, no es objetivo. Tiene siempre una motivación política que predomina o que, por lo menos, está en el trasfondo”, finaliza Yepes.
ASÍ SERÁ LA ELECCIÓN DEL PROCURADOR
Con la elección del Procurador General de la Nación, el Congreso de la República, más específicamente el Senado, cumple con una de sus funciones fundamentales: la electoral, que es tal vez de las menos conocidas, comoquiera que su quehacer principal es legislar.
Al jefe del Ministerio Público lo escoge el Senado de tres candidatos que le envían la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República. La Comisión de Acreditación Documental del Congreso verifica que cumplan con los requisitos.
El próximo martes, la plenaria de esa corporación se reunirá para realizar la elección, que se producirá con la mitad de los votos más uno. Los tres candidatos, Alejandro Ordóñez, Orlando Gallo Suárez y María Mercedes López, deben estar presentes en la sesión.
En la actualidad, aunque son 102 curules, tres están vacías por diversas razones. De ahí que serán 99 senadores los que participarán en el procedimiento, lo cual garantiza que no se presentará un empate.
La votación será nominal, pero no pública. La secretaría llamará a cada uno de los senadores para que deposite su voto (un papel con el nombre de su elegido) en una urna. Después será nombrada una comisión para que cuente los votos.
Luego del escrutinio, la comisión nombra al nuevo Procurador, y este mismo martes le tomará el juramento.
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