miércoles, 24 de abril de 2013
Es importante la convocatoria nacional que hace desde Bogotá la Universidad del Sinú, una institución originada en Montería hace cuarenta años.
Esto gracias al buen criterio de un colombiano ejemplar y educador por antonomasia -Elías Bechara, por cuyo conducto se han forjado en diversas disciplinas varias generaciones de profesionales, para que el país reflexione acerca del denominado sistema penal acusatorio, una institución cuyas repercusiones son muy grandes en el ordenamiento jurídico, en la administración de justicia, en la convivencia ciudadana, y en la vida y actividad de muchos compatriotas -procesados, víctimas y terceros-, muchos de los cuales no se dieron cuenta de la profundidad de la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 3 de 2002.
El 8 de mayo, la ministra de Justicia Ruth Stella Correa instalará el evento académico, que contará con la presencia y exposiciones de reputados penalistas que han desempeñado un papel decisivo en la justicia colombiana.
Con objetividad e imparcialidad, serán señaladas las ventajas y beneficios de ese conjunto de procedimientos y reglas provenientes del exterior, a los que no estuvimos acostumbrados los colombianos en doscientos años de vida republicana, y simultáneamente dejará al descubierto las falencias que puede haber presentado en estos diez años el ordenamiento, desde su paulatina instalación durante la Fiscalía del Dr. Luis Camilo Osorio, uno de sus grandes defensores. Y se escucharán, por supuesto, fórmulas de solución.
No voy a invadir aquí el ámbito de la vibrante discusión que tendrá lugar en Bogotá ese día, con la participación de brillantes juristas, ex magistrados, abogados y funcionarios de reconocido prestigio, como la propia titular de la cartera de Justicia, o los ilustres invitados al Foro y el público en general que tendrá acceso a la participación, respetuosa pero libre en contenidos, quejas y propuestas.
He de resaltar, desde mi modesta condición de rector de la nueva institución en Bogotá, la mayor importancia que tiene toda posibilidad de examen y reflexión en torno a una institucionalidad vigente.
No estamos a favor ni en contra -y ello es propio del criterio científico- sino que deseamos conocer las conclusiones de lo que digan, en uno y otro sentido, los expertos en el Derecho Penal. Todo dentro de la imparcialidad propia del recto juicio.
Este habrá de ser -esperamos que así sea- un espacio académico abierto -como lo ofreceremos en otras áreas del Derecho- para el examen ilustrado, desapasionado, objetivo, crítico aunque respetuoso, e integral, sobre las actuales instituciones y normas en materia penal, así como para las propuestas de los expositores y del público que nos acompañe.
La Academia ofrece posibilidades de escrutinio y análisis ponderado y serio.
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