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  • Colprensa

viernes, 5 de abril de 2013

Al considerar que el marco jurídico para la paz viola los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, el Procurador General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el acto legislativo 01 de 2102, conocido como Marco Jurídico para la Paz.

En concepto emitido al alto tribunal, Alejandro Ordóñez explicó que dicha norma implica cinco estadios de impunidad.

El primer punto, según Ordóñez, que implicaría impunidad es que en una ley estatutaria de iniciativa del Gobierno Nacional se podrían fijar criterios de todos los hechos del conflicto armado interno y con ello se seleccionarían los casos que van a ser investigados por la Fiscalía General de la Nación dentro de un eventual proceso de justicia transcicional.

“En términos sencillos, con esta ley se estarían investigando unos delitos y otros no”, aclaró el jefe del Ministerio Público.

El segundo, punto establece que de los casos que sean seleccionados, la Fiscalía únicamente investigaría a algunos de los responsables de los crímenes material de investigación y a otros no.

“En este punto quiero decir que solo serían investigados penalmente los máximos responsables dejando por fuera a los demás implicados”, explicó el Procurador.

Agregó que el tercer punto que brindaría impunidad, es el que establece que a las personas que se van a procesar solo se les investigaría por algunos delitos dejando por fuera los otros delitos en los que hayan incurrido.

“En ese sentido, la norma establece que la Fiscalía General podrá fijar la investigación penal en los delitos de lesa humanidad excluyendo todas las otras conductas criminales que se han cometido en el conflicto armado”, dijo el Procurador Alejandro Ordóñez. Anunció que el cuarto punto establece que la Fiscalía solo podrá investigar los delitos que sean cometidos de manera sistemática. Y el último de los estadios tiene que ver con las garantías que el marco jurídico les brinda a los victimarios.

“Dicho marco permite que quienes se identifiquen como responsables de crímenes de guerra podrían beneficiarse de penas alternativas, en una frase podrían ni siquiera pagar un día de cárcel”, puntualizó Ordóñez. De igual forma, advirtió que la implementación de la norma podría dar lugar a la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, “en tanto que sin duda supone una vulneración de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de aquellos delitos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos y protegidos por la Corte Interamericana de Derechos humanos de la ONU”, concluyó el Procurador General de la Nación.

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