• Esperanza Santamaria

miércoles, 22 de agosto de 2012

En diálogo con LR, el director de la Agencia de Defensa Nacional Jurídica del Estado, Fernando Carillo, aseguró que una de las funciones fundamentales de la agencia es disminuir los índices de fracaso a nivel procesal, pues el Estado pierde cerca del 70% de los procesos.

Carrillo habló sobre la millonaria demanda contra el Incora y el caso del ex diputado del Valle, Sigifredo López.

¿En qué va el proceso de fortalecimiento de la agencia?

Esto se inicia en 2003 con un crédito para toda la construcción y el fortalecimiento institucional. Se firma el crédito y comienza a ejecutarse el año entrante. Ahí viene todo el paquete grande que va implicar el desarrollo institucional y que va con la idea de generar indicadores de gestión, de resultados y flujo de procesos. Lo que estamos montando como herramienta de información es el preludio de una cosa muy grande que va a financiar el BID.

¿Qué otro tipo de competencias tienen?

Tenemos por el nuevo Código Administrativo una nueva competencia, una consulta que nos deben hacer en la unificación de la jurisprudencia. Podemos manifestarnos, por ejemplo, en temas de responsabilidad del Estado, para que el Consejo de Estado unifique jurisprudencia en determinada dirección.

Con el proceso de actualización salarial de los militares, que son 70.000 procesos, estamos buscando que el Consejo de Estado nos defina cuál debe ser exactamente la base para la liquidación porque hay una sentencia de la Corte Constitucional de 2004 que dijo que a todos los retirados de la Policía y el Ejército hay que reconocerles el índice de precios al consumidor. Ellos han demandado y han ganado todos los procesos. Entonces cuando uno como Estado está perdiendo, tiene que conciliar.

¿En qué otros países se encuentra este modelo?

En Chile existe el Consejo de Defensa del Estado que está compuesto por 15 personas. Este modelo invirtió los índices de fracaso a nivel procesal. Lo que hemos encontrado en todo el estudio es que el Estado pierde prácticamente el 70% de los procesos. La idea es darle la vuelta a eso montando unas buenas estrategias.

¿Quiénes componen la agencia?

La Ministra de Justicia es la presidenta del Consejo Directivo. Tenemos cuatro ministros en el mismo más dos empresarios. Además hay cuatro universidades en el Consejo Asesor.

¿Cuál es una de las discusiones principales en este tema?

Lo que creo es que el grifo está totalmente abierto porque no hay condiciones para entrar a demandar al Estado. En España, para litigar contra el Estado se debe ser abogado del mismo. Eso implica un estándar, pasar un examen, estar acreditado por la abogacía. Así debería ser, porque cuando se defiende o se ataca al Estado se está defendiendo o atacando el patrimonio público.

¿En qué va la demanda billonaria?

El proceso está ahora en el Consejo de Estado para prelación de fallo en las próximas semanas. Es un caso de extinción de dominio de la familia Durango que se originó en una decisión del antiguo Incora en junio de 1967. La causa es exclusivamente un tema de debido proceso.

¿Qué se debe hacer en los casos de detención ilegal?

Frente al tema de la detención ilegal en el país, habría que conciliar. Qué sentido tiene irse al proceso a dar la pelea, cuando se sabe que se va a perder. Con el fiscal estamos mirando en el tema de la detención, cuántos son los procesos exitosos y cuáles son susceptibles de conciliación.

¿Qué pasó en el caso del ex diputado Sigrifredo López?

En el caso de Sigifredo fue claro que hubo testimonios falsos, que son un delito, lo cual lleva a un error de la Fiscalía. La función del fiscal era verificar la veracidad de los testimonios. Si no lo hizo, es un error.

¿Tienen identificados grupos de abogados que sean especialistas en demandar al Estado?

Estamos en eso. La primera acción de la agencia, si recuerdan, tuvo relación con los casos de los jueces de Córdoba. Una especie de redención del caso del escándalo de Foncolpuertos. Eran dos jueces que convirtieron las pensiones del magisterio de ese departamento en una caja menor de un esquema de corrupción donde estaban metidos carteles de abogados, en el que los jueces eran los protagonistas. Eso lo paramos con una denuncia penal.

La demanda más ambiciosa en contra del Estado está a punto de ser resuelta por parte del Consejo de Estado.

Se trata de supuesta expropiación indebida que habría ejecutado el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, ahora Incoder, sobre 1.926 kilómetros, en los cuales habría más de nueve municipios del oriente antioqueño. Los hermanos Enrique,Luz Elena y Gloria Durango Sanín buscan particularmente que se les repare con cerca de $700 billones, el no haberse tenido en cuenta el debido proceso dentro del trámite de extinción de dominio.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor del Estado luego de encontrar que no había pruebas suficientes que permitieran determinar que Mirócletes Durango fuera el dueño de la tierra y por considerar que no hubo fallas en la forma como el Incora tomó posesión sobre las mismas.

Luego de conocerse esta decisión, ahora será el Consejo de Estado quien determine si debe ratificar la decisión del tribunal u ordena el pago de la reparación que prácticamente quebraría al Estado.

De acuerdo con Adriana Castro Bermúdez, profesora de derecho constitucional del Politécnico Grancolombiano, de ratificarse la decisión, el Consejo de Estado dentro del fallo podría ordenar a la familia Durango Sanín el pago de los costos del proceso, los cuales podrían tener en cuenta, entre otros aspectos, los peritos utilizados, los honorarios de los abogados, los desplazamientos, dado el desgaste del aparato judicial del Estado.