Con ese propósito fue creada la Comisión Asesora para el Voto Electrónico (CAVE), en la que tienen asiento representantes de todos los partidos políticos, del Departamento Nacional de Planeación, del Consejo Nacional Electoral , de la Registraduría Civil y de los ministerios de las TIC, de Interior y de Hacienda. La CAVE viene adelantando consultas, reuniones y conversaciones desde inicios de 2012. El 24 de abril próximo es el siguiente encuentro. 

 

A pesar de lo consignado en la ley, el panorama para el tan esperado voto electrónico no es claro y las apuestas apuntan a que no se podrá alcanzar a poner en marcha, por lo menos para el 2014, no sólo por razones técnicas, sino por carencias de presupuesto, por la falta de tiempo para que los colombianos conozcan y entiendan el sistema y por el poco espacio para contratar las máquinas que se usarían, eso sin contar con las opiniones que aún siembran dudas sobre las bondades de este sistema el cual, según expertos, blindaría tan sólo dos pasos del proceso electoral: escrutadores y jueces, pero dejaría sin tocar al resto. 

 

Ese es precisamente uno de los análisis que se ha hecho al interior de la CAVE, donde tras analizar experiencias internacionales se concluye que esta manera de sufragar no ha arrojado los resultados esperados. Por lo menos así consta en el acta de la CAVE 007 del 13 de junio de 2012, en la que se señala que a pesar de que el voto electrónico busca aumentar la legitimidad de las elecciones y hacer un proceso mucho más transparente, “la conclusión es que no hay ningún sistema de voto electrónico que garantice 100 % el proceso”. 

 

La otra cara, la de las bondades del sistema, también quedó consignada en esa acta 007, conocida por Colprensa: “El voto electrónico puede servir para hacer una tabulación de datos más rápida, se excluye el error humano en muchas de las etapas, evita cierta corrupción, facilita el entendimiento de las tarjetas cuando son varios candidatos o elecciones en un mismo día, se reducen los votos nulos, abre la posibilidad de multilenguaje (indígenas)…” 

 

Otro aparte, vuelve a las críticas, mencionando líos concretos presentados en países como Holanda, Irlanda o Alemania, donde tras millonarias inversiones se echó reversa en el tema. 

 

“De manera muy sencilla una persona podía cambiar las elecciones en dos horas”, se afirma al hacer referencia al caso de Holanda; sobre el de Irlanda se señala que en 2008 sus ciudadanos vieron como 60 millones de euros invertidos en máquinas electrónicas, casi que se esfumaron, pues éstas jamás se volvieron a utilizar ante la vulnerabilidad del sistema, a pesar de ser tecnología de punta. Del caso alemán se señala que desde el 2009 la Corte Federal Constitucional determinó que ese sistema era inconstitucional, por ser fácilmente manipulable. 

 

A estas voces se suma el venezolano Carlos Escalante, presidente ejecutivo del Centro Interamericano de Gerencia Política, para quien es claro que “el voto electrónico no garantizaría al 100 % la fiabilidad de los comicios y no asegura agilidad”, y hace referencia a la manera como ese proceso se ha venido cumpliendo en su país donde –dice- la agilidad y la transparencia no son el aspecto más relevante; en cambio, sí resaltó la rapidez en el caso colombiano. Al respecto, se ha mencionado frente a elecciones nacionales que se han llegado a contabilizar 13 millones de votos en 58 minutos, por lo que las elecciones unipersonales, como las de presidente, alcalde o gobernador no han sido consideradas problema, aunque sí reconoce que con el sistema electrónico se podría mejorar este proceso en casos corporativos. 

 

“En el tema de autenticidad, en Colombia contamos con tres diferentes maneras de comprobar los resultados”, afirma el registrador delegado para asuntos electorales, Alfonso Portela, ante las inquietudes relacionadas con la fiabilidad de los resultados de las elecciones en el país. “Una es la digitalización de las actas de mesa, otro el preconteo, y tercero el escrutinio que se da de inmediato. Cada uno de esos procesos lo realizan personas diferentes”, agrega. 

 

Con ese panorama la comisión asesora escuchó el 16 de mayo de 2012 a representantes de 16 compañías, de las que seleccionaron tres tecnologías (touch screen con soporte en papel, touch screen sin soporte y lector óptico), las cuales serán puestas a prueba en 33 puestos de votación de todo el país en las consultas internas de los partidos políticos, el 29 de septiembre próximo. Detrás de estos mecanismos están las empresas Indra, de España; Colvista, de Argentina; Smarmatic, de Venezuela, y Dominio Voting Sistems, de Canadá. 

 

En este punto del proceso han empezado a mencionarse, para acabar de complicar las discusiones, intereses definidos. La asesora y analista Fanny Kertzman, por ejemplo, ha cuestionado a Smarmatic por lo que sería su falta de experiencia, pues dice que fue creada en 2000, con una inyección de 200.000 dólares, recursos que -puntualiza- fueron aportados por un fondo de inversiones del gobierno venezolano. 

 

Pero la exdirectora de la DIAN también recibe opiniones en contra, pues se afirma que tras los argumentos contra Smarmatic estarían sus propios intereses para impulsar, como “lobista” (así la calificó el propio registrador nacional en una columna de opinión), a la compañía canadiense que está pujando por el millonario negocio, que llegaría según estableció Colprensa a los 500 millones de dólares. 

 

Según los números de la Registraduría Nacional un solo año electoral (primera y segunda vuelta, gastos de personal y logística, más otros rubros) cuesta 621 mil millones de pesos, calculados para 2014. 

 

Para este 2013, año preelectoral, se presupuestaron cerca de 306 mil millones, aunque, según conoció Colprensa ese monto no ha sido girado en su totalidad, pues hay un faltante de 250 mil millones para la preparación de los comicios del 9 de marzo próximo. 

 

Ese faltante, al hacer caja, se incrementaría considerablemente al implementar el voto electrónico, pues para ello se requerirían, por lo menos, $250 mil millones más. La obligación de girar es del Ministerio de Hacienda, con el que la Registraduría ya tuvo una polémica, por la falta de dinero para elaborar cédulas de ciudadanía, sobre lo que prendió alarmas a inicios de año, hasta que el problema fue solucionado en febrero. 

 

En todo caso, si el lío de los dineros se remediara, dos dolores de cabeza más tendría que sortear el registrador, Carlos Ariel Sánchez. Uno: la necesidad de firmar, a más tardar en octubre, los contratos que respalden el proceso electoral; y dos, la imposibilidad, por tiempo, de capacitar adecuadamente a los 31 millones de colombianos aptos para sufragar (según cifras a 11 de septiembre de 2012). 

 

Faltan definir, también, aspectos puntuales de las elecciones en el país, las cuales son además complejas, entre otras razones por las presencia del llamado voto preferente, sin el cual, ‘otro gallo cantaría’ para la adecuada implementación de este nuevo proceso. 

 

En todo caso la prueba de fuego para el voto electrónico en el país sería la circunscripción nacional para conformar el Senado, debido a que el total de aspirantes ronda los mil, entre quienes cada ciudadano debe elegir a su candidato. Más sencillas son las elecciones para Cámara de Representantes (en cada departamento) y las presidenciales. 

 

Por eso algunas recomendaciones de la Comisión Asesora son que el voto electrónico en Colombia debe asegurar que las elecciones a corporaciones públicas (Senado, Cámara, asambleas, concejos y juntas locales) se hagan con más agilidad que hoy, que el voto sea auditable (se pueda tener constancia física y una traza de cada uno) y que no funcione en red, para evitar hackeos. 

 

Solucionar esos aspectos y garantizar la fiabilidad de los sistemas seleccionados será clave en la prueba de septiembre próximo, debido a la dificultad de esas consultas partidistas, calificadas por algunos como completos sudokus. 

 

Porque la prioridad es que la votación sea sencilla y fiable, de manera que, por ejemplo, no entorpezca el derecho de los adultos mayores, quienes ocupan buena parte del censo de votantes. Muestra de ello se dio en 2009, cuanto usando una máquina electrónica una persona tardó 12 minutos en ejercer su derecho al voto. 

 

Hoy lo único garantizado es la biometría (reconocimiento electrónico del votante), cuya implementación será del 70% en el país, para los comicios de 2014.