• Germán Corcho Tróchez

domingo, 12 de enero de 2014

El mapa de las sanciones del procurador Alejandro Ordóñez en el país, es tan diverso y variado como la topografía misma del territorio nacional. En todos los 32 departamentos, al menos un funcionario o exservidor público ha sido investigado o castigado. Pero es Cundinamarca, donde está la capital de Colombia, la que más acumula.

Una de las razones principales para tan movida actividad sancionatoria del ministerio público, han sido las revelaciones sobre el matrimonio entre  dirigentes política del país con el paramilitarismo y grupos guerrilleros. La información empezó a conocerse desde que entró en vigencia la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz. 

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electora (MOE), atribuye el fenómenos a los pequeños partidos o movimientos políticos que surgieron junto con el auge de las Autodefensas. Y antes, los grupos que le siguieron a los grandes carteles de la droga. 

“Tener muchos partidos de garaje fue lo que permitió el ingreso de los paramilitares y narcotráfico en el Congreso”, asegura.

Ordóñez, exmagistrado del Consejo de Estado, tiene el récord de haber firmado la mayor cantidad de castigos disciplinarios: más de 800 alcaldes, 23 gobernadores y 22 más entre congresistas y excongresistas. 

Principales capitales

El plano de los fallos se expande de Este a Oeste y de Norte a Sur: desde Amazonas, hasta La Guajira; desde el Pacífico, hasta el Casanare. Ocurre sin embargo que se concentran en las zonas que históricamente han sido ejes de la economía y el poder político, de acuerdo al sondeo realizado por LR a casi 200 del total de providencias expedidas desde 2009 por Ordóñez Maldonado.

Cundinamarca está a la cabeza con 22 sanciones, Antioquia 19, Valle del Cauca 12, Atlántico 10, Boyacá 9, los Santanderes 9,  Cauca 7 y La Guajira 6.

“Me llama mucho la atención de que ha sancionados a 800 alcaldes. ¿A qué horas lo hizo?”, se pregunta Barrios, para quien se está en mora de que establezca un límite claro para que primero se dé la sanción penal y después, la disciplinaria. 

La especialista sostiene que solo así se evita que se estandaricen las normas y no hayan extralimitaciones. “Es necesario un proyecto de ley sobre cómo se deben dar las sanciones y así tener la seguridad que por la misma actuación, un político tendrá la misma sanción”.

En un informe presentado en diciembre, LR detalló que a pesar de la proliferación de colectividades, los más sancionados son los tradicionales y que lograron mantenerse, tras el escándalo de la parapolítica: liberales, conservadores, Partido de La U y Cambio Radical. 

Al mismo nivel está el desaparecido Convergencia Ciudadana, uno de los más permeados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También aparecen los extintos Alas Equipo Colombia, el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), Movimiento de Apertura Liberal, Colombia Democrática y el PIN.

Las faltas que más se han cometido son la violación del régimen de inhabilidades, contrataciones irregulares, indebida participación en política, la posesión de cargos sin cumplir los requisitos, la promoción y el auspicio de grupos armados ilegales, anomalías en las inversiones aprobadas, desacato de tutelas, manejo inapropiado de recursos del Sistema General de Participaciones y el tráfico de influencias.

Iván Cepeda, representante a la Cámara del Polo Democrático, es investigado por el procurador Ordóñez por un presunto fraude procesal. Al respecto, el parlamentario dijo a este medio que en su caso siente que es una persecución política. 

“En una parte me inhabilitan las abiertas diferencias ideológicas que tenemos, pero por otra y que es de notoriedad pública, porque es amigo del expresidente Álvaro Uribe”, dijo. 

Y advirtió que las actuaciones del titular del ministerio público no puede verse como un concurso de quien sanciona más. “Hay unos hechos por ver, analizar y juzgar. Un Procurador con un poder ilimitado, sancionará a muchos. Ahora, hay que ver qué tanto esas sanciones respetan la constitución”. 

Este medio contacto a varios congresistas de la Costa y Valle del Cauca para preguntarles sobre las repercusiones de estas sanciones en sus departamentos, pero casi todos prefirieron no hablar “para evitar problemitas”, como justificó uno de ellos. 

El único que accedió a hablar,  sin que fuese mencionado, comentó que la labor de Ordóñez Maldonado ya es vista por muchos como incluso más efectiva que el umbral del 2%: la cantidad mínimo de votos establecido por la Reforma Política de 2003, para acceder a corporaciones de elección popular. 

“La Constitución del 91 fue la puerta para la proliferación de colectividades, al punto que antes de la Reforma habían muchas más de las que hoy. El umbral tiene como objetivo cerrar espacios y consolidar a los partidos, lo cual puede ser más rápido con ese tipo de sanciones”, apuntó.

Antecedentes
La plenaria del Senado de la República reeligió el 27 de  noviembre de 2012 a Alejandro Ordóñez Maldonado, como procurador General de la Nación.

En total, el  jefe del ministerio público obtuvo 80 votos a favor. Su único contrincante, Orlando Gallo Suárez y quien fue nominado por el Consejo de Estado, logró dos sufragios. La ternada por el Gobierno, María Mercedes López, obtuvo 5 a pesar de que había renunciado a la candidatura. Lo hizo porque, según aseguró, que no existían las garantías necesarias en un proceso al que se enfrentaba con el actual Procurador.

De 93 votos que se hicieron, seis fueron en blanco y no hubo ninguno nulo. De todas formas, el resultado no fue sorpresivo porque el Partido Liberal había anunciado que sus 17 senadores lo apoyarían, al igual que los 17 del Conservador y los 7 de Cambio Radical. 

Las opiniones

Alejandra Barrios
Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)
“Lo que no se contaba con la reforma de 2003, es que unas organizaciones iban a tener financiación ilegal o dirigentes que iban a matar y desplazar a ciudadanos para tener mayor fuerza. Quienes no estaban aliadas terminaron siendo castigadas”. 

Iván Cepeda
Representante a la Cámara del Polo Democrático
“Esto no es el concurso de quién sanciona más. Aquí hay unos hechos por ver y juzgar. Yo, en mi caso, siento persecución. En una parte me inhabilitan las abiertas diferencias que tenemos, pero por otra y que es de notoriedad pública, porque es amigo de Uribe”.