• Ana María Bedoya Jiménez

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Según informó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Adriana Guillén, con el fallo a favor del Estado en el proceso contra el Incora, hoy Incoder, el costo de las demandas a la Nación se reducen en 80%.

Es decir, antes los actuales procesos tenían un costo de $1.200 billones, ahora están cerca de los $300 billones.

“Básicamente el promedio de las demandas eran 245.000 que equivalían $1.200 billones, lo que esta decisión muestra es una disminución de 80% en el pasivo contingente de la Nación”, explicó Guillén y agregó que la agencia tiene que seguir luchando por los demás billones que todavía están en la administración de justicia.

“ Estamos identificando las demandas más importantes que el Estado tiene en su contra”, aclaró.

Así mismo, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien fue director de ese organismo, aseguró que el Estado se hallaba totalmente desprovisto de mecanismos para su defensa y la historia mostraba que alrededor de 80% de los procesos se perdían, enfatizó que con el fallo se está invirtiendo lo que había sido una regla de oro.

“Hay un cartel de abogados que encuentran en la bolsa de la Nación un botín para apropiarse”, agregó.

Dicho proceso fue iniciado el 17 de junio de 2003, por Enrique Durango Valero, en representación de Enrique Durango Sanín, Luz Elena Durango Sanín y Gloria Durango Sanín quien solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, hoy Incoder, de los perjuicios materiales supuestamente causados por la falla del servicio referida a la mora en el trámite administrativo de extinción de dominio iniciado mediante Resolución No. 11555 de 24 de agosto de 1967 y culminado 30 años después.

Los demandantes obraron en calidad de herederos legítimos de Mirócletes Durando, propietario de “Tierras del Oriente Antioqueño”, es decir de 1.926 kilómetros cuadrados de tierra, lo que equivale a los municipios, Granada, San Carlos, Sonsón, San Rafael, El Peñol, Carmen de Viboral, San Francisco, Guatapé y Cocorná.

En ese momento, las pretensiones económicas eran la suma de $591 billones de conformidad al avalúo histórico del Estado, más $2 billones respecto al subsuelo integro de los yacimientos carboníferos ubicados en el municipio de Venecia que actualmente ascendían a $908 billones

No obstante, el Consejo de Estado concluyó que no existió relación entre la mora administrativa del Incora y los perjuicios reclamados por los demandantes.

Así mismo, precisó que la demora de la decisión administrativa en el proceso de extinción de dominio agrario, no desencadenó la pérdida de la propiedad, ya que los poseedores de la herencia Durango, podían ejercer todas las acciones que le eran inherentes a la condición de poseedores.

“La falla del servicio que quedó demostrada en el proceso por la demora injustificada en la adopción de una decisión en el trámite administrativo de extinción de dominio agrario, no fue la causante de la pérdida de la posesión y tenencia sobre los inmuebles identificados en la demanda, circunstancia por la cual, las pretensiones económicas no estaban llamadas a prosperar”, aseguró el organismo.

Para el abogado, Eduardo Vásquez, lo que queda claro con esta decisión es que las pretensiones de la demanda contenciosa administrativa por parte de la familia Durango, no se soportaron en hechos idóneos que generaran el perjuicio alegado. “No existe nexo de causalidad entre el perjuicio que se pretendía y la falla del servicio alegado. Lo anterior por cuanto la demora en el trámite procesal no afectó la posesión del inmueble y no fue causa directa o indirecta del perjuicio”, explicó el experto y agregó que lo que hay que destacar es que las pretensiones debieron sustentarse en el perjuicio irrogado por la morosidad de la justicia y debió acreditarse probatoriamente.

“Pero lo que se hizo en el proceso cuyo fallo confirmó el Consejo de Estado fue alegar un perjuicio por afectación de derechos reales sobre el inmueble, cuando ello no se acreditó, pues el predio permaneció en posesión de los mismos demandantes heredero”, aclaró.

Al respecto, el titular de la cartera de Justicia, resaltó el trabajo en conjunto de la Procuraduría General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica, los departamentos jurídicos del Ministerio de Agricultura y del Incoder. Así mismo, resaltó el ahorro en materia fiscal de este proceso que es considerado el más costoso que existía en contra de la Nación.

“Estamos hablando de más de $900 billones, eso es cuatro veces más el presupuesto de la Nación, dos veces el Producto Interno Bruto-PIB, una gran cantidad de inversión para salud, educación y para la lucha contra la desigualdad”, recalcó.

De esta manera, los especialistas han visto con buenos ojos el fallo a favor del Estado y la labor de la Agencia de Defensa Jurídica.

De acuerdo con Juan Pablo Santaella, profesor de derecho de la Universidad Politécnico Grancolombiano, dentro de esta guerra jurídica es importante haber ganado esta batalla ya que el Estado siempre perdía, “está dando frutos la creación de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica. Eso evidencia que hay que empezar a ganar, todo el mundo demandaba al Estado porque era fácil ganarle”, agregó.

De la misma manera, Bily Escobar, decano de la facultad de ciencia política del Politécnico Grancolombiano, este era un proceso muy representativo desde el punto de vista de los intereses de la Nación.

“Es un buen ejemplo de la actividad que tiene que realizar la Agencia Nacional, definitivamente se debía crear una oficina dedicada a la defensa en materia judicial de los intereses del Estado. Para nadie es un secreto que el manejo de los procesos por parte de la Nación era deficiente, este caso es un modelo para los siguientes procesos en contra del Estado”, explicó

Para Julio José Orozco, abogado de Orozco & Orozco Abogados, el rechazo a esta inconcebible demanda contra la Nación donde se vincula al antiguo Incora (Incoder), es un gol que ha evitado sin duda la Agencia para la Defensa Jurídica.

“Si esta Agencia se involucra inteligentemente con la Contraloría General de la Nación y se hace superior funcional de todos los comités de conciliación y reparación que por ley deben existir en cada una de las instituciones y dependencias del Estado, estoy seguro que la hemorragia en contra del patrimonio se detendrá, traducido esto en el ahorro de billones de pesos que por contumacia entregaba la Nación a órdenes de inescrupulosos demandantes”, agregó.

Cuando era director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Carrillo aseguró que el objetivo de la creación de esta oficina especializada, era disminuir los índices de fracaso a nivel procesal.

Las opiniones

Fernando Carrillo
Ministro del Interior
El Estado se hallaba totalmente desprovisto de mecanismos para su defensa, la historia de años recientes muestran la pérdida de 80% de los procesos en contra de la Nación, es decir, con el fallo se está invirtiendo lo que ha sido la regla de oro. Hay un cartel de abogados que encuentran en la bolsa del Estado un botín para apropiarse.

Adriana Guillén
Directora de la Agencia Nacional de Defensa
Básicamente el promedio de las demandas eran 245.000 que equivalían 1.200 billones, lo que esta decisión muestra es una disminución de 80% en el pasivo contingente de la Nación. Tenemos que seguir luchando por los $200 billones que todavía están en la administración de justicia. Estamos identificando las demandas más importantes en contra del Estado.

Bily Escobar
Decano de la facultad de ciencia política del Politécnico Grancolombiano
Es un buen ejemplo de la actividad que tiene que realizar la Agencia Nacional, definitivamente se debía crear una oficina dedicada a la defensa en materia judicial de los intereses del Estado. Para nadie es un secreto que el manejo de los procesos por parte del Estado era deficiente, este caso es un ejemplo para los siguientes procesos en contra de la Nación.

Julio José Orozco
Socio de Orozco & Orozco abogados
Si esta Agencia se involucra inteligentemente con la Contraloría y se hace superior funcional de todos los comités de conciliación y reparación que por Ley deben existir en cada una de las instituciones y dependencias del estado, estoy seguro que la hemorragia se detendrá, traducido esto en el ahorro de billones de pesos que entregaba la nación a demandantes.