lunes, 17 de diciembre de 2012
La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal e imputó responsabilidad fiscal solidaria, en cuantía de $4.324 millones, en contra del ex Alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano Uribe, y el ex gerente de la Empresa Aguas de Manizales, Alvaro Andrés Franco Valencia.
La Contraloría General tomó esta decisión por el presunto detrimento patrimonial que sufrió el Estado al atender la emergencia que provocó la avalancha que a mediados de octubre de 2011 arrasó las tuberías de las plantas de tratamiento de agua Luis Prieto I y II y ocasionó una crisis sanitaria en la capital de departamento de Caldas por 14 días.
Se determinó que la Empresa Aguas de Manizales y la Alcaldía de Manizales cometieron irregularidades de carácter administrativo, por la no prestación del servicio público de agua potable durante dos semanas, que se originan por la no reparación de la planta de tratamiento Niza.
A pesar de tener los estudios, los recursos e incluso los elementos comprados para adelantar estar reparación, la empresa prefirió esperar los dineros que para tal fin giraría el programa Colombia Humanitaria.
Más de un año se tardó esta reparación.La planta Niza salió del servicio en octubre de 2010, casi un año antes de que sucediera lo mismo con las plantas Prieto I y Prieto II.
Para la CGR, fue injustificada la demora que tuvo la Empresa Agua de Manizales en reparar esta planta de tratamiento, situación que generó para el Estado un gasto excesivo para solucionar la emergencia.
Además, se encontró que no existía un plan de contingencia efectivo, que pudiera sobrellevar una situación de desabastecimiento, todo lo cual indica que hubo ineficiencia y negligencia en la gestión fiscal desarrollada por parte de la junta directiva de la Empresa Aguas de Manizales, presidida por el entonces Alcalde de la ciudad.
El valor del presunto detrimento patrimonial que determinó la Contraloría General de la República es de $4.324 millones 921 mil 812 pesos ($4.324.921.812,oo), que incluye los gastos en que incurrió la empresa para el arreglo de las plantas Luis Prieto I y II y Niza y también los recursos que se dejaron de percibir provenientes de los cobros que se les hacen a los usuarios que disfrutan del servicio de agua en la ciudad (el cargo fijo no cobrado a 8.555 usuarios se calcula en $52 millones 387 mil pesos ($52.387.000,oo).
En este sentido, la Contraloría iniciará un proceso verbal en el que escuchará en audiencia a los presuntos responsables, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus descargos.
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