martes, 20 de noviembre de 2012
La Contraloría General de la República imputó hoy cargos de responsabilidad fiscal a 13 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales tendrán que responder por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de $3.421 millones.
Los afectados son los magistrados Julia Emma Garzón, Henry Villaraga Oliveros, Martha Patricia Zea Ramos y Temístocles Ortega Narváez y a los Magistrados Auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Alvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga Caiza, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordoñez.
Los hechos se resumen en que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, han designado de forma reiterada e irregular por periodos muy breves de tiempo, entre uno y once meses, para desempeñar el cargo de Magistrado Auxiliar a personas con estatus reconocido de pensión, con el lleno de los requisitos y el reconocimiento del derecho en trámite, o con los requisitos de edad y tiempo pendientes de solicitar dicho reconocimiento, lo cual incidió de forma directa en el reconocimiento, reliquidación y pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes a los tiempos de servicio y aportes efectivamente cumplidos por los beneficiarios de las mesadas pensionales, en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones.
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