martes, 13 de octubre de 2015
Esta reforma institucional se dio por un estudio de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad que advirtió sobre el riesgo de que las irregularidades persistan: “Una vez culminados los plazos de liquidación de la DNE y por ende, los términos de traspaso de los bienes administrados, no existían inventarios finales de los bienes materia de entrega y recibo, lo que replicaría la continuidad de las irregularidades que generaron la desaparición de la anterior administradora”. Esta situación, sumada al riesgo jurídico que implica administrar más de $1,3 billones de bienes de terceros incautados, llevó a la Contraloría a ordenar esta actuación especial.
La entidad requiere así verificar las condiciones de entrega de los bienes incautados y extinguidos, en cabeza del Frisco, realizada por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo mismo que el cumplimiento de las acciones de administración por parte de la nueva entidad.
Explicó la Contraloría que “para esta evaluación se examinará la interoperabilidad, el uso, la disponibilidad, la actualización, la adquisición, el monitoreo y la eficiencia de los múltiples sistemas que soportan la información de los bienes a cargo del Frisco y se verificará el avalúo y el estado de conservación de los bienes”.
Una prioridad de la actuación de la Contraloría será verificar las condiciones de entrega, el inventario y el avalúo de los bienes materia de entrega y recibo, así como el registro contable y el estado de conservación y disponibilidad.
Con el fin de superar las deficiencias detectadas en las últimas auditorías efectuadas a la DNE, la Contraloría programó un análisis al registro de depositarios y al proceso administrativo de la entrega de bienes en depósito, su administración, pagos y costos asociados.
Finalmente, la entidad analizará la adopción de medidas mínimas para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física, y se identificará el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.
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