jueves, 31 de agosto de 2017
En la Cámara de Representantes se formularon dos hallazgos con incidencia fiscal por más de $921 millones.
En las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República en el Congreso, el ente encontró hallazgos fiscales por $2.600 millones, repartidos tanto en la Dirección General Administrativa del Senado como en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.
En cuanto al Senado, la Contraloría hizo hallazgos con incidencia fiscal por valor total de $1.765 millones, por varios hechos, entre los que se encuentran que de marzo a septiembre de 1999 la Dirección General Administrativa del Senado no realizó el pago y liquidación de la totalidad de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso, motivo por el cual en la vigencia 2016 realizó abonos por dicho concepto, cancelando no solo los aportes que le correspondían como empleador, sino también los aportes a cargo de los empleados e intereses de mora.
"Esta situación consolida un daño al patrimonio en cuantía de $992,9 millones por los valores que corresponden al empleado, que no fueron descontados, y por los intereses de mora que se ocasionaron", explicó el órgano de control.
Además, se incluyen otros hechos como el pago de intereses de mora a la Caja de Compensación Familiar por debilidades en la liquidación de aportes parafiscales, debilidades en la supervisión e interventoría del contrato de obra celebrado para la modernización de las baterías sanitarias del Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio público por $85,2 millones y debilidades en la supervisión e interventoría del contrato celebrado para la adecuación de oficinas con suministro de mobiliario para el Senado.
Mientras que en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se formularon dos hallazgos con incidencia fiscal por más de $921 millones, dijo la entidad a cargo de Edgardo Maya.
"Los hallazgos están relacionados con la ejecución de los contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta", relató el informe de la CGR, que añadió que "esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios de 2016".
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