• Carlos Eduardo González

miércoles, 23 de agosto de 2017

El ente de control señaló que el desempeño de la entidad se vio afectado principalmente por las deficiencias relacionadas con la estructuración, supervisión e interventoría técnica y financiera de los proyectos a su cargo.

Después de que la semana pasada se conocieran los nexos de los senadores Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile, salpicados por el caso Odebrecht, con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Contraloría General de la República encontró, en la auditoría integral de la vigencia 2016, hallazgos fiscales por $3.000 millones en la entidad.

De acuerdo con el informe, hubo una gestión deficiente, traducida en 27 hallazgos, de los cuales 13 tienen posible incidencia disciplinaria y ocho tienen incidencia fiscal por $3.107 millones, a lo que se suma la vigencia de su cuenta fiscal.

El ente de control señaló que el desempeño de la entidad se vio afectado principalmente por las deficiencias relacionadas con la estructuración, supervisión e interventoría técnica y financiera de los proyectos a su cargo, que son una de las principales líneas de su negocio.

Además, por tal razón, la Contraloría decidió emitir una opinión negativa respecto a los estados financieros del Fondo.

Por otra parte, la entidad a cargo de Edgardo Maya, con base en los informes de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448, o Ley de Víctimas, advirtió que, a pesar de los avances que se registran en la reparación a las personas afectadas por el conflicto, persiste el grave incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y la restitución de derechos territoriales.

“El panorama es aún más preocupante frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales”, declaró en su informe la entidad.

De igual forma, indicó que ya solo quedan cuatro años para terminar la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes sobre esta norma. Sumado a esto, debido a la situación económica actual, la Contraloría dijo que es poco probable que se aumenten los recursos destinados para la reparación integral de las víctimas, que, en indemnización, alcanzan 7% de la población.

Por último, la entidad, en su informe, citó a la Agencia Nacional de Tierras, la cual afirmó que, con la asignación presupuestal, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria.