jueves, 23 de febrero de 2012
Serios bandazos que generan una profunda desconfianza e inseguridad jurídica protagonizan el Gobierno y el Congreso en relación a la institución del Fuero Militar y al complicado tránsito que el país vive desde la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe rumbo a la de la Prosperidad Democrática propuesta por Juan Manuel Santos.
La palabra 'contrafuero' es poco usada en Latinoamérica y al rompe nos resulta extraña en Colombia, pero al tenor del Diccionario de la Lengua Española en su Vigésima Segunda edición, significa quebrantamiento, infracción o desconocimiento de fuero.
Considero que no puede ser más exacta la descripción de lo que se vive por estos días en el país en relación al desgreñado y nervioso debate que dan el Ministerio de Defensa, el de Justicia y el Congreso en relación al fuero militar. Desde el año pasado registramos la intención de sectores del Gobierno y Congreso de la República, -mediando lo vivido por el Coronel Plazas Vega en su proceso judicial-, de darle un espaldarazo a las fuerzas militares, instituyendo a través de una reforma a la Constitución la llamada presunción de acto del servicio, que se resume en otorgarle la capacidad y competencia exclusiva a la Justicia Penal Militar de definir si investiga un caso y enjuicia a sus responsables, o si luego del respectivo filtro lo entrega a la Justicia Ordinaria por considerarlo ajeno al servicio.
Creía para entonces el Gobierno que dicha reforma actuaría como antídoto contra el desánimo que sectores autorizados del Ejército vienen denunciando por las repetidas derrotas vividas en el campo judicial, pese a la gloria obtenida por las consecutivas y contundentes victorias en la selva.
Sin embargo, olvidando un poco la historia y la férrea contraposición de organizaciones protectoras de derechos humanos, así como la crítica venida de la Unión Europea y de los Estados Unidos sobre lo acaecido con los 'falsos positivos', encontró estas últimas semanas el Gobierno Nacional una malencarada comunidad internacional que se disgusta con la propuesta, para lo que le fuerza a retirarla del debate sobre la reforma a la justicia, cuyo único acápite merecedor de estudio era precisamente dicho tema.
La verdad sea dicha, resulta muy complicado matricularse con una de las dos tendencias, pues implica para uno como colombiano y patriota enfrentar el respeto, agradecimiento y amor por nuestro Ejército, contra el Principio de Legalidad de donde se desprende que nuestras fuerzas militares deben estar siempre subordinadas al estamento civil; pilar fundamental de nuestra estabilidad democrática.
Debe decirse sin pudor que si la presunción del acto del servicio existiese, el lamentable capítulo de falsos positivos con toda seguridad no se hubiese conocido, pero así mismo debe aceptarse que nuestros soldados día a día atesoran solo desánimo al saber que les espera un injusto juicio en manos de civiles que jamás comprenderían los factores y situaciones muy especiales de enfrentar a un enemigo camuflado en la selva con el respaldo de casi toda la izquierda colombiana.
Aunque no le encontremos solución pronta a tamaña duda, este contrafuero que con cruel indiferencia enrostramos a nuestro ejército nos está destruyendo!, y el Derecho solo nos permite analizar si la salida es estudiar una eventual vigencia del Instituto, donde podría el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, -sin desórdenes-, definir la figura del Fuero Pleno y Jurisdicción Militar en manos de civiles, pero rigiendo a futuro.
Hacemos desde estas líneas un urgente llamado a la nación para comprometer sus mejores cerebros a esta causa,pues nuestra única conquista en décadas, la de la Seguridad Democrática, enfrenta un nuevo y peligroso enemigo: el Contrafuero.
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