martes, 5 de noviembre de 2013
Después de siete años sin resolver el pleito sobre los linderos que tendrá la reserva oriental de Bogotá, el Consejo de Estado le puso fin ayer a la larga disputa que se había generado sobre la posibilidad de construir o no en dicha zona.
En decisión de la Sala Plena del alto tribunal estableció los límites de reserva forestal en los cerros orientales, y avaló la construcción en 973 hectáreas que estaban en disputa.
No obstante, determinó que las construcciones que ya existen en zonas de reserva no serán derribadas, sino que deberán pagar un impuesto ambiental.
El debate sobre este tema ha incluido la participación del mismo alcalde Mayor de la Capital, Gustavo Petro, que junto con su Secretaría del Hábitat, la Nación a través de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca y líderes comunitarios, firmaron en julio de este año un pacto en defensa de la reserva y en contra de más proyectos urbanísticos allí.
Petro explicó en su momento que el objetivo del acuerdo es que los residentes de los barrios populares asentados en los cerros, sean incluidos en el perímetro urbano y gocen de sus derechos como seres humanos.
“Nosotros solo queremos que no se afecten los terrenos de la Reserva Forestal que han sido usados tradicionalmente como barrios de los Cerros Orientales y que son barrios populares, no queremos que ni un metro cuadrado más sea afectado en función de intereses inmobiliarios, de capturas de rentas y de enriquecimientos que terminan empobreciendo a la ciudad”, declaró entonces el burgomaestre.
La historia de construcciones en los cerros se remonta a vacíos legales que por años han permitido el desarrollo de planes residenciales. Por una parte, las autoridades no podían violar sus obligaciones a ser drásticas en la protección del medio ambiente, pero tampoco los límites establecidos en 2005 por el Ministerio de Ambiente, los cuales redujeron la extensión a 13.143 hectáreas, al sustraerle 973.
El único sostén legal que venían utilizado las autoridades eran las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que prohibió a partir de 2005 la expedición de más licencias de urbanismo en esas zonas verdes y en la de adecuación creada por el Ministerio de Ambiente como barrera de contención al crecimiento desbordado de la ciudad en el borde oriental.
El fallo del Consejo de Estado, cuyos detalles fueron dados a conocer por su presidente, el magistrado Alfonso Vargas, impide además que en adelante hayan trabajos de construcción en zonas protegidas y da una serie de órdenes a las curadurías, la Secretaría de Ambiente y a la CAR para que recuperen y protejan el medio ambiente.
A pesar de estas disposiciones, la decisión fue apelada por el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional y propietarios de inmuebles en los cerros. Uno de los motivos del recurso, es que la sentencia permite la reducción del área protegida en 973 hectáreas, da la orden de que se reubiquen los barrios ilegales allí asentados, pero blinda a las construcciones levantadas con licencia, antes de 1977, para que no sean derribadas.
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