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  • Colprensa

jueves, 3 de mayo de 2012

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, por participación indebida en política.

El Ministerio Público sancionó a Salazar por haber utilizado su poder y autoridad para incurrir en las prohibiciones de la Ley de Garantías, además de influir en procesos electorales de carácter político partidista ostentando el cargo público.

Al conocer la decisión, en su cuenta de Twitter, el exmandatario local aseguró: "tal como lo había anunciado impugnaré este fallo frente al Consejo de Estado".

En un segundo trino, Salazar fue crítico tras conocerse la ratificación: "el concepto es que en época de elecciones la criminalidad puede coaccionar al ciudadano sin que las autoridades civiles se puedan pronunciar".

Específicamente, el Ministerio Público reprochó a Salazar haber por haber intervenido “en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, e influyó en procesos electorales de carácter político partidista, en un periodo electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado”.

Señaló el Ministerio Público que durante ese periodo los servidores públicos deben garantizar la transparencia de las contiendas y el exmandatario local "realizó comentarios y afirmaciones por diferentes medios de comunicación escritos y electrónicos con el fin de darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en los comicios llevados a cabo en octubre del 2011".

Con dicha conducta el exdirigente incurrió en la violación del artículo 6 de la Constitución Política y los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002. De la misma manera, se señaló que se afectaron las leyes 130 del 94 y 996 de 2005, siendo catalogadas las faltas como gravísimas a título de dolo.

El fallo de primera instancia fue proferido por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública el pasado 29 de febrero.
 

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