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  • Andrea del Pilar Mancera

martes, 10 de abril de 2012

El 12 de octubre del año pasado se expidió el Estatuto de Protección al Consumidor. Esto de luego de 30 años. Dicho Estatuto entrará en vigencia mañana.

Dentro de los asuntos sustanciales a destacar, se encuentra el régimen de calidad, idoneidad y seguridad de productos, la efectividad de las garantías de los bienes y servicios, la responsabilidad por daños por producto defectuoso, la protección contra la información y publicidad engañosa, comercio electrónico, aspectos contractuales, dentro de los que se encuentran los contratos de adhesión y las claúsulas abusivas, las ventas a distancia, servicios de financiación, entre otros, que hacen que los consumidores vean protegidos sus derechos frente a las asimetrías de información existentes con los productores, expendedores y demás miembros integrantes de la cadena productiva.

Con el nuevo régimen de protección al consumidor, los responsables, además de estar obligados a solucionar el problema particular y concreto de los consumidores, podrán ser acreedores de sanciones hasta por dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la fecha son muchos los avances que se han logrado en materia de protección al consumidor, particularmente se puede constatar en la presentación de trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio que pasó de recibir en el año 2010 más de 39 mil solicitudes a recepcionar en el año 2012 más de 50 mil asuntos. Durante los meses de enero y febrero de este año ya alcanza la suma de 13.919 trámites.

La Ley faculta a los alcaldes para ejercer funciones administrativas de protección al consumidor en sus respectivas jurisdicciones.

En este mismo sentido, y para que el sistema de protección al consumidor en Colombia opere de forma articulada y armónica, la Ley prevé la creación de la Red Nacional de Protección al Consumidor, que estará integrada por el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, los Consejos Departamentales y Distritales de Protección al Consumidor, las autoridades administrativas del orden nacional con funciones en esta materia, los alcaldes de todo el país, las ligas de consumidores y la Superindustria, ésta última ejerciendo además la secretaría técnica del sistema.

La Red tiene dentro de sus funciones, la de difundir y apoyar el cumplimento de los derechos de los consumidores en el país, y apoyar y asesorar a todas las alcaldías del país en el ejercicio de sus funciones, entre otras. Ello supone un esfuerzo en temas de definición de políticas de protección al consumidor, divulgación de los derechos de los consumidores y capacitación a las autoridades locales en torno al marco conceptual, legal, procesal y operativo aplicable al tema.

El derecho del consumo ha adquirido relevancia en el plano internacional como consecuencia de los mercados globalizados, en donde las relaciones de consumo enfrentan cada vez más componentes de índole transfronterizo.

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