• Ana María Bedoya Jiménez

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Así como lo hizo El Salvador el 24 de noviembre del 1973, Colombia presentó su denuncia al Tratado Americano de Solución Pacífica de Conflictos o ‘Pacto de Bogotá’, como rechazo al fallo que definió nuevos límites marítimos con Nicaragua.

El 24 de noviembre de 1973, El Salvador denunció el tratado argumentando que algunas disposiciones del pacto, los podrían poner en situaciones contrarias a sus principios constitucionales. En el caso de Colombia, se denunció con el fin de evitar nuevas acciones en su contra. El Gobierno colombiano envió el aviso correspondiente, el cual fue entregado al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza.

Así lo confirmó la canciller María Angela Holguín quien aseguró que al cumplirse más de seis décadas de la firma del tratado, menos de la mitad de los países del hemisferio son parte de él, y no es la primera denuncia que se hace del mismo.

“Colombia considera que el fallo contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que, no obstante, mencionar el principio de la equidad, llevó a cabo una delimitación inequitativa”, agregó.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo: “He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia”.

Esta decisión se empezó a estudiar, luego de que el 19 de noviembre la CIJ le reconoció a Colombia y no a Nicaragua la soberanía de los siete cayos en disputa entre los dos países, pero modificó el límite marítimo, con lo que se perdió cerca del 40% del mar territorial, en una zona rica en recursos petroleros y pesqueros. Se le concedió a Nicaragua un área marítima más allá de 12 millas de los cayos de Serrana y Quitasueño al norte y otro espacio al sur de los de Alburquenque y este sudeste. El límite previo era el meridiano 82.

Cabe recordar, que el tratado seguirá vigente durante un año como lo explica el artículo LVI del Pacto de Bogotá: “el presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras partes contratantes”.

Al respecto, Juan Ramón Martínez, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, aclaró que durante este año de vigencia Nicaragua o Panamá, podrían iniciar un nuevo proceso en contra de Colombia, pero será la Corte Internacional de Justicia quien evalúe el retiro de país y decida iniciar un nuevo proceso.

“La Corte de la Haya puede interpretar que todavía existen temas pendientes, la normatividad establece la posibilidad de la demanda, siempre y cuando hayan asuntos pendientes”, explicó.

El conflicto con Nicaragua originado por la demanda del 6 de diciembre de 2001, terminó con la sentencia del pasado lunes, Colombia puede solicitar interpretación aunque la decisión de la Corte no cambiará y difícilmente se puedan cumplir los requisitos exigidos por el estatuto para otorgar tales recursos.

De acuerdo con Rene Urueña, director del área de derecho internacional de la Universidad de los Andes, el Pacto de Bogotá es solamente una de las formas a través de las cuales Colombia tendría acceso a la jurisdicción contenciosa de la Corte.

“Por ejemplo, Colombia siempre podrá celebrar un ‘compromi’ (en idioma francés) con cualquier Estado del mundo para esos efectos.

Así mismo, agregó que la discusión ahora estará en buscar los mecanismos constitucionales- nacionales para dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional.

El pacto de Bogotá es únicamente para Estados del continente americano, actualmente los miembros son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia (hasta 27 de noviembre 2013), Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Reacciones de la denuncia
Entre tanto, empezaron las reacciones de los diferentes sectores del país sobre la decisión que tomó el Gobierno Nacional asesorado por un pool de expertos internacionales.

Para el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, esta decisión no afecta en si la aplicabilidad del fallo, “otra cosa es que el Estado colombiano está estudiando la posibilidad de evaluar en qué medida este fallo realmente puede cumplirse totalmente o está sometido a unos instrumentos que el propio derecho internacional contempla.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía aseguró se están buscando mecanismo para darle soluciones a los sanandresanos. “Es un momento de decisiones en el cual el Presidente y su gabinete está estudiando cuál va a ser la acción futura frente a Nicaragua y eso es sentar un precedente para los posibles conflictos, que esperamos que no se presenten. El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explicó que está trabajando en un programa integral de apoyo a la pesca artesanal.

Para el experto internacional, Guillermo Cáez, salirse del pacto no le quita efectos al fallo, pues retirarse es para evitar futuras reclamaciones, por lo tanto, el caso con Nicaragua no para, porque cuando se profirió el fallo, se tenía jurisdicción. “Colombia hasta hoy podría no perder el mar si asume no acatar el fallo”, aclaró el jurista.

Las opiniones

Juan Ramón Martínez
Profesor de derecho internacional Universidad del Rosario
La Corte de la Haya puede interpretar que todavía existen temas pendientes para Colombia con otras naciones, la normatividad establece la posibilidad de la demanda siempre y cuando hayan asuntos pendientes. Colombia lo que está haciendo es huirle en el marco de la controversia a la CIJ, en este año de vigencia pueden pasar muchas cosas.

Alfonso Gómez Méndez
Ex fiscal General de la Nación
Esta decisión del presidente Juan Manuel Santos no afecta en sí la aplicabilidad del fallo, otra cosa es que el Estado colombiano está estudiando la posibilidad de evaluar en qué medida este fallo realmente puede complirse totalmente o está sometido a unos instrumentos jurídicos que el propio derecho internacional contempla.

Rafael Mejía
Presidente de la Sac
Estamos buscando darle una solución a los sanandresanos. Es un momento de decisiones en el cual el Presidente y su gabinete está decidiendo cuál va a ser la acción futura frente a Nicaragua y eso es sentar un precedente para los posibles conflictos, que esperamos que no haya. Para esto se organizó un equipo de juristas para tomar decisiones basadas en estos aspectos.

René Urueña
Profesor de derecho internacional Universidad de los Andes
El Pacto de Bogotá es solamente una de las formas a través de las cuales, Colombia tendría acceso a la jurisdicción contenciosa de la Corte de Justicia Internacional. Por ejemplo, Colombia siempre podrá celebrar un ‘compromi’ con cualquier Estado del mundo para acudir a solucionar cualquier conflicto ante la Corte Internacional.