viernes, 13 de julio de 2012

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, aseguró que los dineros incautados en Estados Unidos, a personas extraditadas en el marco de la cooperación judicial entre los dos países serán repartidos entre los dos estados, luego de que las autoridades del país norteamericano, aceptaran negociar la "distribución equitativa" con Colombia.

La afirmación la hizo el jefe del ente acusador al concluir la gira que realizó en este país donde se reunió con el fiscal estadounidense, Eric Holder, y miembros del Congreso, del departamento de Justicia y del Departamento de Estado.

Montealegre manifestó que Holder y la directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Michelle Thomas Leonhart, expresaron la convicción de la necesidad de que Colombia reciba equitativamente estos bienes para “reparación de víctimas”. La manera de hacerlo sería a través de la actualización de los tratados internacionales firmados por los dos países hace muchos años para hacer una redistribución “equitativa” de los bienes incautados.

En los últimos cinco años, en Colombia se han incautado US$3 millones en procesos de extinción de dominio.

Según explicó el Fiscal, la idea es fortalecer los mecanismos de colaboración en la lucha contra el crimen internacional. Por esto, también se llegó a un acuerdo sobre los mecanismos de extradición para que los fiscales colombianos tengan acceso a las pruebas empleadas en los procesos que adelantan las autoridades judiciales de Estados Unidos.

“Muchas veces, las pruebas en curso en Estados Unidos son importantes para impulsar procesos en Colombia que tengan relación con lo que se hace en ese país. En todos los casos en que haya extradición de colombianos hacia Estados Unidos vamos a compartir la prueba, con el respeto a las formas del proceso de este país para iniciar procesos en Colombia que no estén abarcados por la cosa juzgada”, dijo Montelagre.

En este proceso, la Fiscalía tendrá acceso a la información que los entes investigativos de Estados Unidos como la DEA poseen sobre los bienes que, adquiridos ilícitamente en Colombia, fueron enviados a otros países.

Así mismo, señaló el Fiscal que se llegó a un compromiso de mantener la estrecha colaboración entre las autoridades de los dos países para que los fiscales colombianos sigan teniendo acceso a escuchar a los máximos líderes del paramilitarismo que fueron extraditados a EE.UU. para que puedan seguir impulsando los procesos de justicia y paz, pues, según Montealegre hay más de 300 mil denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Agregó que Colombia necesita recibir el texto de los fallos condenatorios contra esas personas para analizar la fuerza vinculante de estas decisiones, en caso de ser posible, iniciar procesos penales por hechos que no hayan sido juzgados por EE.UU. “Que cuando regresen esas personas, Colombia pueda hacer procesos penales por conductas que no hayan sido juzgadas en Estados Unidos”, puntualizó el Fiscal.