• Carlos Vásquez

miércoles, 23 de mayo de 2012

Una aproximación a la situación de la petrolera argentina YPF, comparada con el marco regulatorio colombiano.A raíz de la reciente expropiación, por parte del Gobierno Argentino, de la participación de la petrolera española Repsol en la petrolera YPF, es conveniente comparar la situación de Argentina y Colombia respecto de las instituciones y regulación petrolera.

YPF fue una empresa petrolera de carácter estatal, hasta que en el proceso de desregularización del sector de hidrocarburos, promovido por Saúl Menem en los años 90 en Argentina, el 51% de la empresa fue adquirido por Repsol, petrolera de capital español. Adicionalmente, el control de los yacimientos pasó a ser de las provincias, y el gobierno central en ese momento no contaba con una agencia estatal para la administración del “recurso hidrocarburífero”.

En Colombia, hasta el 2003, Ecopetrol ejerció las funciones administración del recurso. Así, cualquier contrato que se celebrara en Colombia para la exploración y explotación de hidrocarburos se hacía teniendo al Estado como socio (Ecopetrol participaba en las inversiones en etapa de producción), y como autoridad frente a las compañías petroleras.

Con la expedición del Decreto 1760 de 2003, el Gobierno del Presidente Uribe toma la decisión de escindir las funciones en cabeza de Ecopetrol. Desde entonces la Agencia Nacional de Hidrocarburos se encarga de la administración de los hidrocarburos, asignando las áreas de exploración a través de nuevos contratos de exploración y producción, y Ecopetrol se convierte en una sociedad pública por acciones, dedicada a la industria de los hidrocarburos, compitiendo con las demás empresas petroleras en igualdad de condiciones, por la asignación de áreas de exploración.

Este esquema permitió, en primer lugar, la posibilidad para el Estado, de enajenar su participación en Ecopetrol sin comprometer con ello la propiedad o administración de los yacimientos petroleros. En segundo lugar, dinamizó el mercado petrolero colombiano, permitiendo el ingreso de nuevas compañías petroleras al país, aprovechando un esquema contractual más flexible y con mayor autonomía del contratista.

En el caso argentino, con la desregularización de la industria petrolera y posteriormente la venta del YPF, el Estado perdió el control sobre la política petrolera. De igual forma, al no tener instituciones centralizadas que administraran y aseguraran el recurso, el Gobierno Argentino perdió la capacidad de ajustar sus políticas respecto de las fluctuaciones en el mercado petrolero a partir del año 2000.

Recientemente, YPF había anunciado el descubrimiento de dos yacimientos importantes que le permitirían una mayor autonomía a la Argentina, frente a los mercados internacionales de hidrocarburos.

Se concluye que la decisión de expropiar YPF se debió a que era más fácil retomar el control de la petrolera estatal, antes que promover las reformas necesarias para implementar un régimen regulatorio petrolero, que tuviera como consecuencia que las provincias perdieran la autonomía sobre la asignación del recurso petrolero, y una centralización de la política energética.

Afortunadamente para Colombia, el régimen de los hidrocarburos está definido y busca garantizar la seguridad energética del país, haciéndolo más amigable a la inversión extranjera y más soberano de sus recursos. El Gobierno nacional, entonces, no tendrá que recurrir a la expropiación para garantizar la seguridad energética del país.

En la actualidad, es necesario para todos los Estados garantizar la seguridad energética de sus territorios, teniendo en cuenta la escasez mundial de hidrocarburos y el alto precio de los mismos. Esto implica contar con una regulación clara en todos los sectores energéticos y, de forma adicional, poder participar dentro del esquema comercial a través de compañías en las que el Estado tenga participación. Colombia ha desarrollado todas sus políticas públicas en este esquema, logrando mantener la soberanía de sus recursos e incentivando la inversión extranjera.