• Alexandra Ruiz Castillo

sábado, 24 de octubre de 2015

A pesar de esta acción, aún quedan cinco aspectos pendientes que podrían aumentar la eficacia de la Superintendencia de Industria y Comercio (en cabeza de la delegación para la protección de la competencia), como ente fiscalizador de las prácticas anticompetitivas. 

Estos aspectos estarían ligados con el monto de las sanciones imponibles, con el abanico de opciones que se pueden adjuntar a las penas para que estas sean más ejemplarizantes o disuasivas, y algunas modificaciones al sistema de beneficios que reciben los infractores por colaboración o delación. 

Techo sancionatorio
Según el superirntendente, Pablo Felipe Robleo, lo primero que se tiene que reformar de manera imperativa es el régimen sancionatorio. Según el funcionario, a pesar de que el país logró pasar de tener multas de 2.000 a 100.000 salarios mínimo legales, que equivalen aproximadamente a $65.000 millones, es necesario “poner unos topes que guarden relación con los ingresos operacionales, los patrimonios y las ventas de las empresas, para que no tengamos una norma que sea aplicable en 95% de los casos, sino en 100% de los mismos”.

A pesar de esto, durante el Tercer Congreso sobre la Libre Competencia Económica, que organizó la SIC, la semana pasada en Barranquilla, el senador de la República, Iván Duque Márquez, dijo que más allá de endurecer las sanciones “el país necesita, con urgencia, un instrumento de segunda instancia que logre separar la función investigativa de la SIC y lo que corresponde a la imposición de la sanción”.

Sanciones anexAS 
Para Robledo, el país debe entrar a explorar el abanico de sanciones  anexas para aquellos que incurren en algunos actos anticompetitivos, particularmente de cartelización empresarial. Estas sanciones irían desde la inhabilidad para ejercer la actividad de dirección dentro de las empresas, hasta la tipificación como delito con penas privativas de la libertad. “Todo eso hace parte del debate, más allá de que lleguemos a establecer, o no, algunas de esas posibilidades”, dijo Robledo.

Al respecto, el líder de la agremiación de empresarios, Bruce Mac Master, alegó que  “no hay necesidad de imponer sanciones penales de privación de la libertad a los empresarios” ya que en su juicio “las herramientas que tiene la SIC a su disposición hoy, son ampliamente suficientes”.

Contratación con el estado
Las colusiones o licitaciones públicas en infracciones al régimen de la libre competencia al interior de estas licitaciones. “Quien se coludie al interés o que falsee la contratación estatal debería quedar inhabilitado para contratar con el estado”, explicó Robledo, quien dijo que esta sanción sería impuesta cuando la Superintendencia de Industria y Comercio sancione por corrupción en licitaciones públicas. 

Beneficios por delación
Otra de las modificaciones al régimen tiene que ver con los beneficios por colaboración.  Para la Superintendencia este favor debería poder extenderse a cualquier miembro del cartel empresarial, incluso su promotor, lo cual con la legislación actual no es posible. 

El acusador privado
Según Robledo,  la Superintendencia como autoridad técnica en competencia, debería poder llevar en nombre del estado, las acusaciones y las imputaciones por infracciones que impliquen delito, ante los jueces. “Esto ya se permitió en una reforma constitucional que se tramitó y aprobó hace cuatro años, lo que habría que decir, en un proyecto de ley, es que la Superintendencia está habilitada para esos casos”, explicó el funcionario.

Antecedentes
Durante el pasado 21, 22 y 23 de octubre se desarrolló el Tercer Congreso de Libre Competencia Económica, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en Barranquilla, donde miembros del Gobierno, empresarios y académicos socializaron  acerca de los aspectos que giran en torno a la libre competencia. 

Se habló acerca de la importancia de un mercado sano sin prácticas restrictivas para favorecer el avance del país en los índices de competitividad y del papel que juega la implementación de políticas de competencia en la economía de mercado. 

Las opiniones

Iván Duque Márquez
Senador de la República
“Creo que en Colombia estamos necesitando con urgencia un instrumento de segunda instancia, que logre separar la función investigativa de la SIC y lo que corresponde a la imposición de la sanción”.  

Bruce Mac Master 
Presidente de la Andi
“Yo creo que no hay necesidad de imponer sanciones penales de privación de la libertad a los empresarios. De hecho, las herramientas que tiene la SIC a su disposición hoy, son ampliamente suficientes”.