lunes, 18 de febrero de 2013
Por provecho en favor de terceros en cuanto a la evasión de impuestos, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de varios funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-Dian.
Entre ellos están Fernando Alirio Plazas Contreras, Martha Alcira Pérez Moreno, Oscar Javier Ceballos Acosta y Jorge Hernán Zuluága Potes.
Se estableció que dichos disciplinados posiblemente participaron en la expedición de diferentes autos administrativos mediante los cuales se ordenó el archivo de dos investigaciones tributarias seguidas contra la empresa Metales Santa Librada S.A. Esto, acogiendo unas correcciones de declaraciones de impuesto sobre ventas presentadas por el contribuyente, que de acuerdo con las pruebas recogidas, no debieron ser aceptadas porque no contaban con los soportes de las transacciones reportadas y porque se había encontrado que posiblemente tales transacciones eran simuladas o ficticias, evidenciándose un problema de evasión.
Con esta conducta, aparentemente se ha violado el artículo 684 del Estatuto Tributario, ya que este le impone a los funcionarios de la administración tributaria verificar la exactitud de las declaraciones y adelantar todas las diligencias necesarias para la correcta determinación de los impuestos, el Manual de Funciones de la entidad y el Código Único Disciplinario.
La falta disciplinaria que se les imputa se califica provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental al deber funcional que tenían de determinar de forma correcta los impuestos de las declaraciones presentadas por el contribuyente tal y como lo manda el Estatuto Tributario.
Ley de Cuotas
De otro lado, el Ministerio Público conoció el informe elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) respecto del cumplimiento de la Ley 581 de 2000, conocida como “Ley de Cuotas”, en los periodos 2009, 2010 y 2011 en las entidades del orden territorial, y a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio traslado por competencia a las procuradurías regionales y provinciales con el fin de que analicen los posibles incumplimientos de esta norma y procedan con las actuaciones disciplinarias a las que haya lugar.
La Ley de Cuotas fue promulgada con el propósito de reglamentar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las entidades que conforman las diferentes ramas y órganos del poder público, y que ordena que en estos niveles por lo menos el 30% de los cargos debe ser ocupado por mujeres. La Procuraduría analiza lo informado por el Dafp.
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