• Colprensa

jueves, 31 de marzo de 2016

En otros puntos del país ha ocurrido obstrucción de vías, interrupción de clases en colegios y pintada de grafitis en casas y vehículos.

En el hecho más grave se informó del asesinato de un militar en la región del Urabá, quien manejaba un vehículo particular, en el que se movilizaba con su esposa y su hija. Las circunstancias no son claras en cuanto al grupo ilegal que cometió el crimen.

En un reporte inicial del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) se informó de afectaciones en la movilidad en el sector Planchón de Valencia, que une a Córdoba con el Urabá. En el mismo departamento, desde Tierralta, Valencia, Moñitos, Canalete y Los Córdobas no se están despachando vehículos hacia Montería y los 15 planchones que movilizan a la población entre Cereté y Lorica dejaron de funcionar.

Además de la falta de transporte, en los municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio, en el sur de Bolívar, en diferentes  colegios se decidió suspender clases, como medida de prevención. En zona rural de Cúcuta, en el corregimiento de Guaramito, los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas, como medida preventiva de seguridad, debido a las amenazas de los grupos ilegales de quemar vehículos. Entre tanto, en San Onofre, Sucre el comercio no abrió.

La Defensoría señaló que había advertido del accionar del AGC y por eso el jefe de la entidad solicitó el pasado miércoles a los ministros de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; del Interior, Juan Fernando Cristo, y a la viceministra de Asuntos Políticos de esa cartera, Sandra Devia, la adopción de medidas urgentes efectivas de seguridad para mantener el orden público en las regiones de influencia de las AGC.

Finalmente, el defensor fue enfático en afirmar que  “es grave que los grupos armados ilegales estén afectando los derechos de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones violentas, como por el confinamiento y el no acceso a servicios esenciales, como la educación”.