lunes, 29 de abril de 2013
Una grave situación carcelaria que compromete el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de las entidades concernidas en proteger la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de las personas privadas de la libertad; y de promover y facilitar su reintegración social, advirtió la Procuraduría General de la Nación en un informe de carácter preventivo sobre la situación de dos cárceles ubicadas en Barranquilla.
El Ministerio Público adelantó una acción de carácter preventivo en el establecimiento carcelario de Barranquilla, Pabellón de Justicia y Paz “La Modelo” y el establecimiento penitenciario y carcelario “El Bosque”.
En las visitas, se puso en evidencia una contradicción en cuanto a la capacidad real de alojamiento y la capacidad para la cual se encuentran diseñados estos centros carcelarios, por ende se advierte un hacinamiento crítico y severo.
La Procuraduría observó serias deficiencias en la infraestructura y evaluó las condiciones higiénicas y sanitarias, que calificó como defectuosas.
En materia de salud, las visitas evidenciaron que los servicios de atención médica insuficientes e inadecuados en cuanto a la atención especializada y remisión oportuna de los internos a los centros hospitalarios y un inadecuado control del centro carcelario para la solicitud y programación de citas para consulta médica.
De otra parte, llama la atención del órgano de control el desequilibrio existente entre la población reclusa y personal destinado a la seguridad. En ese sentido, se advierte “el riesgo eminente del personal del Inpec que labora en La Modelo, frente al gran número de internos y el déficit de personal de seguridad (…)”.
Anticorrupción
El Ministerio Público recordó que hoy se vence el plazo para que las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como las del orden central y descentralizado, publiquen su respectivo plan anticorrupción y de atención al usuario, ordenado por el Estatuto Anticorrupción.
La Ley 1474 de 2011 señala en su artículo 73 que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y que dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
El artículo 74 de la misma norma consagra que todas las entidades del Estado deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. Lo anterior, de acuerdo con la metodología de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia -en el Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
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