• Colprensa

domingo, 18 de octubre de 2015

Este se convierte en un paso más hacia la que muchos consideran firma de la paz con la guerrilla de las FARC y la terminación del conflicto más viejo de América Latina.

Y es que en un comunicado conjunto (#62) los negociadores del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc acordaron trabajar de manera conjunta en un mecanismo para "aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas" y añaden que lo que se quiere es "contribuir a la satisfacción de sus derechos”.

El anuncio hace referencia a dos puntos:

Primero: poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno. Este procedimiento se dice, se pondrá en marcha antes de la firma del acuerdo final.

Segundo: “Se dispuso la creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.

Pendiente...

En la ruta aún queda pendiente el acuerdo sobre la refrendación, el desarme y la desmovilización; además de la implementación de los acuerdos. Claro, se suma el acuerdo sobre justicia, que si bien ya se anunció y se firmó, aún falta conocerlo en detalle.

En esa vía, desde mediados de este año y con la intensión de avanzar de manera más ágil se dispusieron dos mesas técnicas (una con enfoque de género y otra con presencia de militares activos y jefes de la guerrilla), para que analizarán cuál será la mejor manera de buscar ese “máximo de justicia que permita la paz”, de cara al fin del conflicto.

A pesar de todo, y de tres acuerdos alcanzados, se mantiene la versión de las partes acerca de que “hasta que todo esté acordado, nada está acordado”.

Lo logrado

Narcotráfico y cultivos ilícitos

En mayo del año pasado las partes dejaron en claro cuáles serán los compromisos puntuales de la insurgencia, el Gobierno y la propia comunidad para combatir el flagelo del narcotráfico.

El desminado, la entrega de rutas, la nueva política anti-restitución y las estrategias para bajar el consumo de drogas, son algunos de los puntos del que en su momento fue el tercer gran acuerdo entre Gobierno y Farc. En el convenio se estipula que se dará vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para eliminar de manera definitiva y sostenible estos cultivos y la ilegalidad asociada a estos en todo el territorio.

Así mismo, se creará una política criminal que concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyen una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Política de tierras y desarrollo agrario

Luego de anunciar la primera tregua unilateral, el 26 de mayo de 2013, tras varios retrasos y casi seis meses después de iniciar las discusiones, se logró el primer acuerdo, en el primer punto de la agenda de negociación, sobre la política de tierras y desarrollo agrario.

En un hecho histórico, el primer tema en discusión en Cuba tuvo como aspectos fundamentales el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, establecer una frontera agrícola y promover la protección de zonas de reserva, así como generar programas de desarrollo con enfoque territorial y mejorar la infraestructura y adecuación de tierras.

De igual forma, se propuso potenciar el desarrollo social basado en la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza y brindar estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

Participación política de las Farc

Tras 16 rondas de discusiones, las delegaciones concretaron un segundo acuerdo, esta vez se trató de la participación política del grupo subversivo, aspecto que provocó la polarización del país ante la posibilidad de que los exguerrilleros puedan llegar a cargos de elección popular. El 6 de noviembre de 2013 se presentó a la opinión pública el documento donde quedaron firmados los derechos para el ejercicio de la oposición política en general y las garantías de protección a guerrilleros que se vinculen a la democracia.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Esta forma de participación se creó para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto, para que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes. Así mismo, se estableció un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política de los miembros de este grupo guerrillero.

Como otro punto se acordó la creación de una comisión para el estatuto de garantías. Aquí se plantea que se citará a un evento nacional a los voceros y representantes de movimientos políticos, para crear una comisión que establezca los parámetros del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. También se conformará una misión de expertos para que evalúe la organización y el régimen electoral en el país.

Aunque ya se firmó un acuerdo parcial, la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz y la posibilidad que se abriría para la participación en política de guerrilleros acusados por delitos de lesa humanidad, es un tema caliente que revivirá cuando en Cuba se discuta el punto de justicia transicional.