lunes, 17 de diciembre de 2012
La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal e imputó responsabilidad fiscal solidaria, en cuantía de $4.324 millones, en contra del ex alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano Uribe, y el ex gerente de la empresa Aguas de Manizales, Álvaro Andrés Franco Valencia.
Lo anterior, por el presunto detrimento patrimonial que sufrió el Estado al atender la emergencia que provocó la avalancha que a mediados de octubre de 2011 arrasó las tuberías de las plantas de tratamiento de agua Luis Prieto I y II y ocasionó una crisis sanitaria en la capital de departamento de Caldas por 14 días. Se determinó que Aguas de Manizales y la Alcaldía de Manizales cometieron irregularidades de carácter administrativo, por la no prestación del servicio público de agua potable durante dos semanas, que se originan por la no reparación de la planta de tratamiento Niza.
A pesar de tener los estudios, los recursos e incluso los elementos comprados para adelantar estar reparación, la empresa prefirió esperar los dineros que para tal fin giraría el programa Colombia Humanitaria. “Más de un año se tardó esta reparación. La planta Niza salió del servicio en octubre de 2010, casi un año antes de que sucediera lo mismo con las plantas Prieto I y Prieto II. Para la Contraloría, fue injustificada la demora que tuvo la Empresa Agua de Manizales en reparar esta planta de tratamiento, situación que generó para el Estado un gasto excesivo para solucionar la emergencia”, dice el documento de la Contraloría. Se encontró que no existía un plan de contingencia efectivo.
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