• Colprensa

jueves, 24 de mayo de 2012

Un contrato celebrado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la firma Eduardo Bolaños IPS Ltda., relacionado con la práctica de cirugías bariátricas (para reducción de peso), es el que tiene de nuevo ante los organismos de control al destituido exgobernador de ese departamento Juan Carlos Abadía y a quien entonces fungía como Secretario de Salud y luego también fue gobernador y también destituido, Héctor Fabio Useche.

Durante la audiencia pública en la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, se les formuló formalmente cargos acusados de haber violado principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección objetiva, al contratar de manera directa con la firma del médico Bolaños en julio de 2009.

De acuerdo con el procurador delegado para la vigilancia administrativa, Fernando Britto, los hechos indicarían que desde la Gobernación había la intención clara y manifiesta de hacer así la selección y suscripción del contrato No. 0607.

En la diligencia judicial, luego de escuchar las peticiones de la defensa de Abadía y Useche, Britto decretó la práctica de los testimonios de la interventora del caso, Janet Vélez; del asesor externo de la Gobernación para temas de contratación, Adolfo León López Giraldo; del contratista Eduardo Bolaños; del médico Francisco Bohórquez (quien habría sido el encargado del estudio de mercadeo); del denunciante del caso, Élmer José Montaña, y del actual secretario de Salud, Alberto Campos.

En el caso de la interventora Vélez se especificó que se encuentra inmersa en una investigación por los mismos hechos, que avanza en la Procuraduría Regional.

De acuerdo con Rubén Darío Henao, abogado del ahora gobernador suspendido del Valle, Héctor Useche, las pruebas documentales admitidas en el proceso permitirán establecer que al contrario de lo afirmado en el pliego de cargos, este contrato particular sí cumplió con los requisitos legales ya que se podía hacer de forma directa.

Igualmente, señaló que existe una prueba técnica que indica que el contrato sí estaba en el Banco de Gobiernos de la Gobernación. Este hecho, señaló el procurador Britto, no pudo ser certificado por el organismo de control.

La defensa de Abadía y Useche, igualmente, recriminó en la audiencia la actuación del denunciante del caso Élmer José Montaña, quien supuestamente sacó documentación de la IPS de Bolaños sobre cirugías practicadas y, al parecer, información sobre el contrato cuestionado.

Al término de la audiencia, Useche consideró que se trata de una investigación motivada por intereses políticos. "(…) Una denuncia que fue instaurada el 27 de octubre, tres días antes de las elecciones. No lograron lo que querían, que no votarán, pero el Valle cree en Useche, el Valle votó y por eso soy el gobernador. Están todos los requisitos para la contratación directa, tiene toda la normatividad no se ha violado nada", dijo.