martes, 3 de julio de 2012
Con grandes titulares los principales medios de comunicación de nuestro país se refirieron al reciente informe publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia, en el que se refleja la triste realidad del sistema procesal acusatorio.
La verdad es que si bien el informe resulta muy interesante, poco aporta a la discusión, en tanto que termina realizando afirmaciones que ya se volvieron lugar común, tales como que no se tienen suficientes investigadores, que hay una cultura de la denuncia que desborda el sistema, que no hay suficientes defensores públicos, que vivimos en la cultura del aplazamiento, y, en fin, que el sistema penal acusatorio no está cumpliendo ninguno de los fines para los que estaba establecido.
Esto, ya se volvió lugar común y no hay hoy un solo abogado que tenga contacto con el sistema penal que se encuentre satisfecho con la manera en que resultó este nefasto experimento. Ni qué decir de las víctimas de los delitos que ven como la impunidad se apodera de nuestra realidad, y que, simplemente, en Colombia, quien la hace no la paga. Así como suena.
Sin embargo, personalmente creo que el análisis no debe ni darse desde lo ejecutivo del sistema, ni desde los lugares comunes.
Considero que es hora de aceptar que el sistema fracasa no por la falta de personal o de presupuesto, asuntos en los que la Fiscalía ha trabajado de manera intensa y en el que hay logros tangibles, a pesar de lo cual el sistema no arranca.
La verdad, es que el sistema procesal está mal concebido desde la misma reforma constitucional que dio origen al sistema acusatorio y la Ley 906 tiene tal cantidad de inconvenientes, que nos condenó a vivir mientras su vigencia en medio de la impunidad, la falta de garantías, y el irrespeto a los derechos de las víctimas.
Desde esta tribuna, hemos señalado los defectos de esta legislación y del sistema penal acusatorio, el cual fue concebido para una realidad muy diferente a la nuestra, que tiene las cárceles totalmente hacinadas, no solo de personas culpables, sino, peor, de cientos de inocentes que han preferido negociar con la Fiscalía General de la Nación ante la sola posibilidad de una prolongada condena a prisión.
Reiteramos nuestra postura, en que la solución a este problema pasa por derogar la Ley 906 y el Acto Legislativo que le dio origen y regresar al sistema anterior, al cual apenas se le dieron unos pocos años de vigencia, en los que, reitero, todo iba mejor.
Lo demás, es llover sobre mojado.
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