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Es evidente que se requiere confinamiento para controlar la pandemia, lo que ha llevado a disminución de los ingresos de la mayoría de las empresas y de los hogares. Para evitar la enfermedad derivada del covid-19 y el fallecimiento de personas, se venía destruyendo empleo y conllevando a la extinción de muchas empresas y negocios.
El Gobierno Nacional ha hecho gestión en la emergencia con variedad de programas y grandes aciertos, ayudas directas a la población más vulnerable y a través de medidas económicas que se traducen en soporte a los generadores de empleo. Con relación al apoyo crediticio, la Superintendencia Financiera desde marzo, instruyó a las entidades vigiladas la prohibición de aumentar tasas de interés, permitió otorgar periodos de gracia y alivios, todo sin afectar la calificación crediticia de deudores.
De forma paralela, el banco central bajó la tasa de referencia, disminuyó el encaje a los bancos para aumentar su capacidad crediticia; inclusive, el propio Gobierno colocó garantías de créditos a empresas para proteger el empleo y otras medidas conducentes a paliar la crisis y a mantener la fortaleza de las instituciones financieras.
Según reportes de la propia Superintendencia, de abril a junio, el segmento más beneficiado en monto de los alivios crediticios ha sido el de las grandes empresas. Lo mismo ha sucedido en el otorgamiento de nuevos créditos, donde instituciones han enfocado su gestión en estas y en proyectos del Gobierno. Las micro, pequeñas y medianas empresas, con capacidad de generar 17 millones de empleos y representando más de 90% del tejido empresarial, requieren de más apoyo crediticio, incluso en esta coyuntura, para subsistir.
Por lo anterior, a partir del 1 de agosto hasta final de año, extendiendo este programa, las instituciones crediticias podrán adicionar y complementar los períodos de gracia, redefinir las condiciones de los créditos y dar facilidades a las empresas. En estos alivios deberá garantizarse reducción de cuotas, no aumento de tasas, lo mismo que flexibilidad en la calificación por nivel de riesgo, encaminado a que el deudor o futuro deudor ajuste de forma viable su flujo de caja afectado en la coyuntura.
¿De qué sirven programas del Gobierno para agricultura y construcción, siendo principales instrumentos para el desarrollo y el empleo, si no hay suficiente apoyo crediticio?, en especial a las pequeñas y medianas empresas? Es acertado apoyar estos sectores generadores masivos de empleo; lo mismo que mantener como primeros rubros del presupuesto nacional la educación que garantiza futuro y la salud que atiende la coyuntura.
Magnífico ejemplo de solidaridad con sus clientes es la decisión del Banco Caja Social que sin afectar su solidez, la Fundación Grupo Social propietaria del Banco, está ayudando con sus recursos a pagar entre 20% y 25% de los créditos de sus clientes; y además bajó también temporalmente la tasa a los afectados por ingresos por la emergencia. Lo mismo que bancos hipotecarios que anunciaron crecimiento de su cartera en este sector para hacerle eco a los programas del gobierno y atender esta demanda.
Para mantener la senda de la reactivación de la producción y el empleo es necesario más apoyo crediticio a los emprendimientos y nuevos proyectos de las empresas para que sigan adelante, en beneficio del país.
