En julio de 2013, se cumplieron dos años de haber aprobado el Acto Legislativo 5 de 2011, referido al Sistema General de Regalías (SGR), el cual intentaba poner fin al esperpento de corrupción y caos administrativo que nos había dejado la Ley 141 de 1994. Allí se lograron algunos avances, especialmente en lo relativo a: i) la redistribución a nivel nacional, usando criterios de población, NBI y desempleo; ii) la orientación hacia los sectores de infraestructura y ciencia-tecnología, aunque ello tuvo el defecto de haberlos atomizado; iii) la creación del fondo de ahorro-estabilización (FAE); y iv) la eliminación del Fondo Nacional de Regalías (FNR), plagado hasta la fecha de ineficiencias y corrupción.
Sin embargo, la aplicación de dichos recursos de regalías para superar el rezago histórico en infraestructura ha tenido un comienzo atropellado y sin resultados tangibles. En buena medida ello es el producto de haberlos atomizado y el haber renunciado a un claro liderazgo del gobierno central para aplicarlos a los grandes proyectos de infraestructura de interés nacional-regional. Los llamados Órganos Colegiados de Decisión (Ocad) están plagados de instancias burocráticas (alcaldes, gobernadores y ministros, según el tipo de Ocad), donde sólo recientemente el gobierno se dio cuenta de la importancia de priorizar los proyectos, adoptando tardíamente su poder de veto (Ley 1606 de 2012).
La inoperancia del sistema ha sido tal, que el Sector Público Consolidado (SPC) arrojó un sorpresivo superávit fiscal del +0.3% del PIB en el 2012, producto de recursos por 0.8% del PIB en regalías no ejecutadas. Bien porque no se las han robado (como ocurría con el esquema anterior), pero mal porque su aplicación a incrementar la productividad regional y nacional resulta muy dudosa.
Durante ese año inicial de operación del SGR, los Ocad tan sólo lograron estructurar 854 proyectos por cerca de $2,3 billones vs. los casi $6 billones destinados para infraestructura, según el Decreto-Ley 1243 de 2012. Los mayores cuellos de botella han estado en los Ocad municipales, con ejecuciones de sólo 26% al cierre de 2012 (vs. valores de 49% y 56% en los Ocad regionales y departamentales). Ello resalta la poca capacidad de gestión de algunos municipios pequeños (especialmente los de categoría 5-6).
Durante el 2013, algo se ha logrado desatrasar la ejecución, mediante los famosos “OCADtons” impulsados por el gobierno central. De los recursos represados de la vigencia del 2012, ya se han logrado aprobar unos $4,9 billones (llegando a 80% de los $6 billones mencionados). En lo concerniente a los $17 billones del presupuesto bianual de regalías de 2013-2014 (Ley 1606 de 2012), también se han logrado acelerar las aprobaciones. Al corte de julio de 2013, se habían aprobado proyectos por $3,3 billones (alrededor de 27% de los $11 billones destinados a inversión), superando ya, los $2,3 billones aprobados durante todo 2012.
Aun con estos mejores ritmos de ejecución, el problema radica en la falta de verdaderos macro-proyectos regionales que aumenten la competitividad regional y nacional, tal como lo había advertido Anif en las discusiones preliminares que tuvimos con la Administración Santos en 2010, cuando se esbozaron borradores sobre lo que sería el SGR.
Algunas simulaciones nos indican que, para finales de esta década, se podrían estar recibiendo regalías por cerca de $9,8 billones (netas de las participaciones de control-fiscalización, sumando un 4,5% del total). Allí le corresponderían al Fonpet recursos por $1 billón (10% de las regalías netas), al FAE se destinarían $3 billones (30%), a la Ciencia-Tecnología $1 billón (10%), para los actuales receptores iría $1 billón (10%) y para los fondos regionales quedarían $3,9 billones (40%). Ello sugiere que los recursos destinados a la infraestructura, producto de este incremento en las regalías, a duras penas llegarían a cerca de 0,4%-0,6% del PIB por año frente a un adicional requerido del orden de 2 puntos del PIB por año.
