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Habíamos comentado recientemente que la Administración Duque tendrá a su favor el amplio margen de gobernabilidad que se deriva de contar con mayorías que superan las dos terceras partes del Congreso. Esto bajo el supuesto de que se conformará la llamada “Alianza Nacional”, como suele ocurrir en los inicios de cada gobierno.
El ranking de prioridades de reformas estructurales da los siguientes resultados: tributaria, laboral, judicial y pensional.
Reforma Tributaria
Edificando sobre los logros de la Ley 1819 de 2016, en nuestra opinión, esta reforma debe con- centrarse en elevar el recaudo a través de: i) eliminar los contratos de estabilidad tributaria; ii) abolir la tributación preferencial a las zonas francas; iii) incrementar la tributación de las personas naturales; y iv) acabar con los tratamientos “especiales” en materia de IVA.
En el plano favorable para aprobar este tipo de propuesta cabe destacar: i) la expectativa que se ha creado de abaratamiento del Costo Colombia a través de reducir la tasa corporativa al 33%; pero, complementario a ello, ii) deben reducirse las exenciones tributarias; y iii) el beneficio que ello traería en materia de mayor generación de empleo.
Ahora bien, en el frente de los riesgos políticos, se resume los posibles inconvenientes en este frente. Por ejemplo, durante la campaña, Duque se había planteado inclusive la conveniencia de reducir la tasa corporativa hasta un 30% en 2019, pero claramente ello luce inconveniente desde el punto de vista de “exceso de sacrificio tributario”.
Reforma Laboral
Colombia ha venido avanzando en materia de formalización laboral. Sin embargo, los indicadores oficiales de informalidad laboral todavía bordean el 50% y, al referirnos a la densidad de las cotizaciones, se tiene que tan solo 15% de la Población Económicamente Activa contribuye todos los meses.
Por eso, ahora se requieren cambios regulatorios para acelerar dicha formalización laboral y, en particular, lograr incrementar la vinculación de cotizantes a la seguridad social. Nuestra propuesta de una Reforma Estructural Laboral (REL) propende por: i) establecer un mecanismo de protección al cesante, limitando el monto del retiro de las cesantías, de manera que funcionen como un verdadero seguro al desempleo; ii) aplicar topes a los costos de despido; iii) atar el ajuste del SML a la Regla Universal, de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en PL; iv) implementar un SML diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje; v) instaurar un sistema de escrutinio de las incapacidades médicas; vi) crear alternativas profesionales en la secundaria para que los estudiantes puedan escoger entre el bachillerato clásico y una opción vocacional, donde será fundamental evaluar la calidad y pertinencia de dichos programas vocacionales; vii) eliminar el impuesto puro referente al pago al Fondo de Solidaridad Pensional; y viii) implementar medidas adicionales de supervisión y persuasión que incentiven a los propios trabajadores a vincularse al sector formal.
Reforma Rama Judicial
Recordemos que las reformas del sector justicia han sido recurrentes fracasos.
Los elementos centrales estarían enfocados en: modernización operativa de la justicia, asegurándose de dotarla de infraestructura que le permita levantar y procesar los casos de forma eficiente (electrónica y con seguimiento en tiempo real); ii) adopción de tratamientos de choques operativos que permitan descongestionar rápidamente el aparato judicial; iii) definición de una última instancia; iv) limitación del uso de la tutela; y v) adopción de un mecanismo de selección de los Altos Magistra- dos de las Cortes que replique el éxito logrado en el Banco de la República, donde en veinticinco años no ha ocurrido un solo escándalo de corrupción y se ha logrado controlar la inflación a niveles de un dígito.
Reforma Estructural Pensional (REP)
Nuestra propuesta va en sentido similar a la de la Comisión de Gasto Público (2017): i) realizar ajustes paramétricos al Régimen de Prima Media de Colpensiones, elevando la edad de pensión y atándola a la esperanza de vida; ii) fortalecer la atención a los adultos mayores desvalidos de pensión (70% de esa población) a través de mayores asignaciones presupuestales al programa Colombia Mayor; y iii) gravar las pensiones altas. En este último frente, Anif ha propuesto aplicar el esquema impositivo de renta, descontando de entrada el 12% destinado al pago de la salud. Ello implica que solo pensiones superiores a unos $6 millones/mes serían gravadas con tasas del 1%-3% y ascenderían hasta un 9% para pensiones tope de $13 millones/mes.
Por último, se presentan los beneficios de este tipo de reforma, tales como: i) dar soporte a la sostenibilidad fiscal; y ii) reducir la marcada regresividad social que hoy emana de un sistema de reparto simple como el vigente. También sabemos que se tienen serios reparos a la idea de ajustes paramétricos que eleven la edad de pensión y reduzcan la tasa de beneficios pensionales. Sin embargo, de no actuarse a tiempo, Colombia estará transitando por caminos fiscales muy difíciles, tal como hoy ocurre en Brasil o en Italia.
